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En el último año, las problemáticas prioritarias que acompaña el Centro Fray Julián Garcés, como la devastación socioambiental y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, se siguen profundizando, lamentó la directora de esa institución, Alejandra Méndez Serrano.
Al presentar el 22 informe de actividades titulado "Lucha colectiva: caudal de agua viva que transforma" reprochó el discurso gubernamental usado por las autoridades, quienes insisten en minimizar la gravedad de ambas problemáticas, "como si al dejar de nombrarlas estas desaparecieran".
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Acompañada de María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla, Méndez Serrano indicó que los datos duros y las estadísticas no mienten y que Tlaxcala juega un papel prioritario en la trata con fines de explotación sexual, al ser considerado parte de unos de los principales corredores de trata en el país.
Dijo que tan sólo en el período de gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros han sido detenidas 18 personas acusadas de tratantes y que, entre 2021 y 2023, el Gobierno de Tlaxcala otorgó 65 permisos de operación a bares, hoteles, moteles y centros botaneros en 14 municipios del estado, espacios en donde se acentúa la trata de mujeres y niñas.
"Mientras la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, declaró en octubre del año pasado que la trata de problemas ya no es un problema en Tlaxcala y que el estado ocupa el primer lugar nacional en seguridad... La prensa documenta todos los días violencia creciente contra las mujeres persistencia de casos de trata de mujeres niñas, feminicidios y detención de tratantes", expresó.
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Desde las instalaciones del Centro, consideró que asumir que la falta de denuncias de mujeres que han sido víctimas del delito de trata significa que el problema no existe, es quedarse con una mirada muy corta ante la grave situación, lo que evidencia la ausencia de conocimiento por parte de las autoridades y la irresponsabilidad en su actuar, al no asumir las obligaciones que les corresponden la materia.
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Incluso, consideró que la baja en las denuncias tiene que ver con el miedo de las personas y de las víctimas para denunciar el delito.
Se han cumplido 18 meses de la aprobación del Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres, el cual impulsamos desde el Centro Fray Julián Garcés, con otras organizaciones y con la academia; sin embargo, no se identifican acciones contundentes con miras a la erradicación de este grave problema que afecta directamente a las mujeres tlaxcaltecas, poniendo su vida y derechos en constante riesgo, expresó.
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LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN
Arropada también por Rodolfo Omar Arellano Aguilar, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Méndez Serrano también hablo de la devastación socioambiental que sigue presente en la Cuenca del Alto Atoyac, al señalar que continúa expandiéndose con políticas y acciones gubernamentales que lo permiten.
Como ejemplo mencionó la propuesta y el impulso de la nueva Ley de Aguas de Tlaxcala discutida en el Congreso del Estado el año pasado, cuyo contenido vulneraba el derecho al agua y al saneamiento, con la eliminación de figuras importantes como los comités comunitarios de agua.
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Recordó que el dos de octubre pasado, la gobernadora de Tlaxcala recibió de manos de la Secretaría de Salud Federal y del Consejo de Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías el Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria Ambiental de la Cuenta del Alto Atoyac y el Primer Informe Estratégico para la comprensión de la problemática y recomendaciones para su atención integral.
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Indicó que ambos documentos respaldan los estudios y argumentos vertidos desde hace 22 años por el Centro Fray Julián Garcés: la relación que existe entre la contaminación industrial y la salud de las personas.
La evidencia científica presentada en este primer informe demuestra que estas altas tasas de incidencia y muertes son causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región, recalcó.
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Finalmente, la directora del Centro Fray Julián Garcés prometió continuar con las distintas acciones implementadas a 22 años para combatir ambos problemas y garantizar a los tlaxcaltecas el respeto de sus derechos.
"El reto no es menor, se trata de generar incidencia en políticas públicas con miras a la prevención de trata de mujeres, al saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac y a la vinculación con espacios en los que se encuentran las juventudes", remató.
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