A propósito del proceso electoral en puerta, es preciso recordar que la lucha por los derechos sociales y políticos de las mujeres está ligada con procesos de democratización y, en la actualidad ante la falta de acceso pleno a sus derechos, se sigue insistiendo en la paridad de género y el derecho a la vida libre de violencia e igualdad sustantiva principalmente.
El cumplimiento real de las acciones afirmativas, reconocidas en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sustentadas en un marco jurídico internacional, además de las reformas en materia electoral, como las medidas y lineamientos emitidos por el INE y revisadas por el TEPJF, donde las instituciones y los partidos políticos se obligaron a incorporarlas, siguen siendo un pendiente, a la fecha vemos resistencias a partir de impugnaciones a la paridad y a las acciones afirmativas con el argumento de ser “discriminatorias para los varones o excesivas”, obstaculizando espacios destinados para las mujeres que, por derecho, les corresponden.
Aunado a lo anterior, las mujeres también se enfrentan a la violencia política para ser electas en los procesos electorales, al desarrollo en la escena política o pública, sea como militantes, aspirantes a candidatas, en puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público, y con efectos en todos los espacios, incluidos los digitales. Lamentable la colusión para sostener el pacto patriarcal que se hace presente de forma constante, sin importar que hasta hoy existen declaradas 25 alertas de violencia de género contra las mujeres, siendo 22 entidades de la República, incluida Tlaxcala.
Por ello, debe precisarse que las violencias padecidas por las mujeres en lo cotidiano se ven agravadas con la violencia política en razón de género; siendo todas aquellas acciones y omisiones (incluida la tolerancia) que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
De lo anterior, no sólo nos encontramos ante las resistencias por el cumplimiento de la paridad género, aunado a las violencias, sino también de las acciones afirmativas dirigidas a personas con discapacidad, indígenas, migrantes y LGBTTTIQ, mismas que son definidas como políticas públicas, cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos político-electorales, para representar las decisiones del grupo poblacional en la creación y votación de leyes o de la repartición presupuestaria.
Desde la interseccionalidad, a partir de las recientes notas periodísticas y posicionamientos de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, podemos darnos cuenta de las indignantes conductas fraudulentas en los registros simulados o usurpaciones al autoadscribirse como personas con discapacidad, indígenas, migrantes y LGBTTTIQ, donde el sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como otras categorías, están interrelacionadas. Dejando en evidencia a los partidos políticos que, para obtener registros de candidaturas, “utilizan las acciones afirmativas”, cuando las personas no son parte de las poblaciones históricamente vulneradas o reconocidas por el colectivo social, vulnerando las normas jurídicas al abusar del derecho, permitiendo o realizando conductas sin el mínimo respeto de los derechos humanos de las mujeres y personas que han logrado a través de la exigencia e incidencia la consolidación de las acciones afirmativas y avance de sus derechos.
Siendo necesario observar y coadyuvar con los organismos electorales quienes tienen un papel fundamental para la regulación de procesos electorales y garantizar las condiciones de igualdad y no discriminación, así como, la adecuada implementación de las acciones afirmativas y paridad.
De la misma manera es preciso observar y señalar a los partidos políticos y sus prácticas, las cuales debe estar orientadas al fortalecimiento de las bases democráticas, con la inclusión de las mujeres, la representación efectiva de las necesidades e intereses de las poblaciones en su pluralidad y diversidad.
*Consejera de la CEDH