Las negociaciones que en su momento Jesús Seade, con voz, sin voto, pero con derecho de veto; hizo al lado del equipo de la administración de Enrique Peña Nieto nunca contemplaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Manuel Bartlett, que estaba designado en esa posición pasando el 2 de julio, al mercado eléctrico o a la reforma energética.
Las asesorías hechas en 2013, en el momento más importante de la reforma energética, indicaban que lo importante era salvaguardar el petróleo in situ, las reservas probadas, probables y posibles y a futuro los recursos prospectivos que podrían duplicar las reservas de la nación, más aún, estos trabajos fueron usados en la discusión e incorporados: no se vendería nada de Pemex -”ni un tornillo”, decían- y no habría concesiones petroleras.
No se habló de la CFE, mercado eléctrico, subastas, transición energética, incluso la entonces diputada Rocío Nahle sólo hablaba de defender las reservas petroleras y a Pemex.
A CFE nadie le hacía caso.
La negociación de Seade fue solo en el tema de hidrocarburos, no se movió nada más incluso el apoyo que entonces tuvo de la oficina del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell fue en el área de hidrocarburos, no petrolíferos.
Seade le informó al presidente de los temas presentes, de las regulaciones energéticas y la apertura, incluso, nos cuentan, del papel que iba a jugar la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y todo el nuevo marco legal y el presidente lo aceptó.
Condicionó su apoyo al T-MEC a cambio de hacer el llamado capítulo 8 sobre la soberanía de los hidrocarburos, específicamente del petróleo y, probablemente, del gas. Por cierto, ahí no prohibió la explotación del Shale Gas.
En el acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá no hay ni una salvaguarda para el sector eléctrico, nada. La disputa comercial está perdida desde el principio porque la CFE y las empresas privadas del sector energético se rigen bajo el mismo trato legal de todas las demás empresas metidas al acuerdo comercial, no importa el rubro, la protección a la inversión y a los accesos comerciales, eliminación de barreras no arancelarias, competencia, trato igualitario, entre otras.
Nunca metió a la CFE, se le olvidó o no estaba en sus prioridades. Es hasta que toman posesión del gobierno cuando se dan cuenta de que la industria eléctrica tenía más peso de lo esperado, que la participación privada estaba en boga y que CFE tenía muchos pendientes que resolver, el principal de ellos la inversión en líneas de transmisión para atender la creciente oferta de energía que provendría de los generadores privados.
Bartlett se negó a invertir lo que el Plan de Negocios de Transmisión 2018-2022 le ponía en las manos: se necesitaban 100 mil millones de pesos para expandir la red eléctrica nacional que lo mismo servirían para CFE o para los privados.
La decisión fue no hacer esa inversión y actualmente el sector eléctrico está en uno de sus niveles más bajos de reservas operativas en la CFE que es quien tiene el monopolio de la distribución en México, por lo que los riesgos de apagones generalizados en diversas partes del país son crecientes.
Ese olvido de la CFE es el que ahora tienen al gobierno de México en consultas porque, desde la perspectiva de los firmantes del acuerdo comercial, hay una clara violación a sus derechos como empresarios en México aunque para la 4T el problema es menor.
