El progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada.

George Bernard Shaw

Ha sido una tendencia de los gobiernos modificar la nomenclatura de algunas instituciones con el propósito de mejorar, cuando menos así se supone, sin embargo, en el fondo las trasformaciones en el nombre de algunas instituciones o la incorporación a otras secretarías provocan, entre otras tantas cosas, la incertidumbre de quienes prestan sus servicios en esas instancias sujetas a cualquier cambio, más adelante, al deformarse las estructuras organizacionales, por obviedad, se trastocan los procesos, así como la toma de decisiones de los responsables en conducir los trabajos institucionales, de igual forma, por consecuencia los conflictos que habrán de generarse en los servicios que se prestan.

Desde luego, también es de considerar que las modificaciones tienen otras connotaciones, desde lo económico hasta lo político, en razón de las necesarias adecuaciones en los procesos obliga a destinar nuevas formas de financiamiento; con la incorporación de nuevos prestatarios de servicios conduce a reformular las capacidades presupuestarias, cuyo fin debe ser ofrecer a la sociedad un servicio que les sirva para atender sus requerimientos y necesidades; en el otro sentido, los cambios obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los núcleos sociales, o bien, en otros casos por considerar a las instituciones sin una o varias razones de existencia.

Desde otra perspectiva, los intereses quizá por realizar los cambios en las instituciones, también pueden ser con fundamento a los continuos cambios en el entorno, lo que supone una serie de oportunidades para mejorar los servicios o bien para revitalizar los ya constituidos; de alguna manera entonces, el cambio, o cambios, presuponen, mejorías en la administración pública.

En una analogía a los cambios institucionales se puede entender lo que se refiere en el recientemente presentado dictamen de reforma sobre la desaparición de siete organismos autónomos, refiriéndose específicamente a las razones para suprimirlos, así como cuáles serán las secretarías a las que les serán trasferidos, junto con las funciones respectivas; aunque no hay claridad respecto de las circunstancias del cambio, ni de las leyes que habrán de regirlas, al dado a conocer el dictamen por parte de la Cámara de Diputados, todo indica, como ha ocurrido con otras dependencias y fideicomisos, la desaparición, la fusión y los presupuestos solo será cuestión de tiempos.

Dentro de los casos particulares mas destacados se encuentra el organismo autónomo conocido como el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales), el cual será direccionado a la Secretaría de la Función Pública, que en este gobierno será renombrada como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en este mismo tenor se hace referencia a que un determinado número de funciones serán asumidas por el órgano de control y disciplina del Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión, este mismo esquema, así se dice, será replicado en los ámbitos estatales.

En una analogía más han surgido las inconformidades y los reclamos, hasta hoy los mas sobresalientes son, justamente, del comisionado presidente del organismo referido anteriormente, bajo el argumento de que este órgano realiza actividades muy importantes, de ahí la necesidad de su prevalencia, como se demuestra en la encuesta nacional de Percepción y Evaluación Gubernamental realizada el año pasado por el Inegi; en la que se concluye que las mexicanas y mexicanos tienen amplia confianza en los órganos constitucionales autónomos.

En otros asuntos relacionados con los cambios y readecuaciones institucionales, se ven involucrados los partidos políticos, los sindicatos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; en el primer caso, será responsabilidad del Instituto Nacional Electoral; en el segundo por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal federal de Conciliación y Arbitraje, y en el tercero será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la que asuma las tareas; sin embargo, aunque los cambios están anunciados, todavía no se mencionan las formas y los procedimientos.

Si bien es cierto que todos los cambios provocan incertidumbre, confusiones y reclamos, también es comprensible que desde donde surgen las intenciones trasformadoras, entonces se puede asegurar que éstos son ya inevitables, quedando en espera de su consolidación, más allá de las complicaciones que ello representa, pues debió ser obligatorio, no solo la divulgación del dictamen, sino, además, todo lo que es inherente, en contrasentido ante la ausencia de esa información, también se puede entender que no se le está dando la importancia que se requiere, y que todo se hace al vapor o, dicho de otra manera en el escritorio de algunos funcionarios que no previeron la relevancia de los cambios.

En postura particular, no puede tener valor la intención de cambiar el estado actual de las cosas en tanto no se tengan en cuenta, así queda demostrado por lo limitado de las declaratorias que, hasta este momento todo se encuentra permeado de dudas y de insatisfacciones, ojalá para confianza de la ciudadanía y demandante de servicios pronto queden solventadas estas carencias.