Los contextos en los que se desarrollan las acciones de gobierno viven en el oxímoron del cambio permanente. En el caso del uso exponencial de internet y lo digital, además de la irrupción de herramientas y nuevas tecnologías, supusieron un reto de magnitudes incomparables que sujetó a presiones adicionales a los gobiernos.
Por tanto, se renovaron —en algunos países con más éxito que en otros— los diseños institucionales, las arquitecturas organizacionales y exploraron nuevas aplicaciones para mejorar la gestión pública inserta en un mundo de lo digital. Es decir, se enfrenta un proceso —más o menos acelerado— para que los gobiernos respondan de mejor manera a la construcción de un espacio público redefinido (por irrupción tecnológica) y, casi como consecuencia, a la existencia de áreas de oportunidad para mejorar el desempeño gubernamental a partir de herramientas tecnológicas.
No obstante, el desarrollo de aplicaciones tecnológicas en el sector público ha requerido de enfrentar una larga curva de aprendizaje, problemas de suficiencia presupuestal, especialización de los recursos humanos para el diseño e implementación de herramientas tecnológicas y los esfuerzos aislados y poco interconectados entre las organizaciones gubernamentales. Este escenario ha imposibilitado la obtención de mejores resultados en la aplicación de tecnología pública en la resolución de problemas públicos y la mejora de trámites y servicios.
Por ello, resulta positivo que el gobierno federal de México apueste por la creación de una agencia gubernamental dedicada exclusivamente a los proyectos de tecnología pública. La Agencia de Transformación Digital —según el discurso de la presidenta Sheinbaum— responde a la narrativa de que se requiere que las personas cuenten con las herramientas necesarias —provistas por el gobierno— para que “accedan con mayor facilidad a sus derechos”. La agencia, además, tiene fundamento lógico en tanto coloca énfasis en algunos principios fundamentales para que la tecnología ofrezca resultados: digitalización, simplificación, innovación y asesoría o acompañamiento para entidades federativas.
La apuesta inédita por la tecnología pública tiene gran valor democrático. Sobre todo porque permite que las personas conozcan de mejora manera las actividades de gobierno, puedan acceder a información, participen de la toma de decisiones y se consiga eficiencia en la atención y provisión de trámites y servicios. Algunos autores especializados en el tema, como Beth Simone Noveck, han argumentado que la tecnología aplicada a las funciones de gobierno permite, por mencionar un ejemplo: “procesar datos […] para hacer que la participación ciudadana sea más eficiente […] así como la participación significativa de audiencias más diversas que nunca han participado en nuestra democracia”. Es decir, el involucramiento de la tecnología es una respuesta eficaz a los nuevos contextos en los que la administración pública se desenvuelve.
El caso mexicano y el anuncio reciente de proyectos —presentados por José Merino, titular de la ADyT— a cargo de la Agencia, entre los que destacan: (1) el programa de simplificación y digitalización; (2) el sistema de soluciones tecnológicas y Llave MX; y (3) la ventanilla única de inversiones, son una apuesta inédita del Estado mexicano. En puerta están otras áreas de la administración pública que también son susceptibles de la aplicación tecnología para obtener mejores resultados. Además, será vital que la estrategia de operación de la Agencia considere a los gobiernos locales (estatal y municipal) para lograr que, por ejemplo, los sistemas de información efectivamente sean interoperables y se construya una arquitectura institucional efectivamente respondiente a los nuevos entornos tecnológicos y digitales.
El proceso es emocionante, sobre todo porque —como argumenta Sascha Kraus en el texto “Digital transformation […]”— la digitalización es uno de los procesos de cambio político-social que sitúa la tarea de gobernar en un momento disruptivo con implicaciones institucionales. La implementación no escapa, como cualquier otra política pública, de la lógica política y de negociación en la que participan múltiples actores. En consecuencia, su proceso —aunque evidentemente técnico— requiere responder de manera permanente a las demandas y preocupaciones más profundas del pueblo de México.
- Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
- Twitter: @EnriqueBermC
