En el desarrollo de la pandemia de Covid-19, sin conocer con precisión el punto en que nos encontramos ni el tramo que falta para llegar al final, el panorama del pasado es abrumador por sus consecuencias de ruina, dolor y muerte, pero el futuro es aún más temible.

A estas fechas oficialmente en México, según los últimos reportes diarios que, por alguna razón, se convertirán en semanarios, los contagios se estiman en 265 mil y las defunciones en alrededor de 35 mil, aunque diversas voces confiables argumentan que estas cifras bien pueden multiplicarse por tres.

No se exagera al calificar de extremadamente dramática la situación que indudablemente viven los cónyuges e hijos de quienes han perdido la vida como efecto de la pandemia, es muy lamentable su desamparo sentimental, así como el económico en gran cantidad de casos.

Además de los gastos inesperados que acarrea una defunción, se debe considerar el hecho de que seguramente buena parte de los fallecidos sostenía o contribuía al sostenimiento de su respectiva familia, de modo que al mermar el ingreso aumentará la penuria económica y, por tanto, la pobreza social.

Un primer renglón que resentirá de inmediato los efectos de la insuficiencia económica familiar será el alimentario, el deterioro de los ingresos familiares imposibilitará el acceso a los bienes indispensables para una vida digna y, aún peor, el hambre asomará su indeseable rostro entre los sectores más desfavorecidos del país.

Concomitantes a lo anterior se manifiestan ya dos indeseables consecuencias:

Por una parte, según el diario Milenio (02.06.2020), el Egade Business School señala que "Derivado de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, se estima que México será un perdedor, ya que al menos la mitad de los cuatro millones de microempresas y de las cerca de 200 mil Pymes podrían quedar en quiebra ante un magro programa de ayuda, además del freno en la inversión en respuesta a la incertidumbre en la gestión del gobierno."

Por otra parte, es patente el hecho de que al lado de la tragedia que han vivido decenas de miles de familias que perdieron a uno de sus seres queridos, víctima de la Covid-19, la crisis quizá más fuerte que está padeciendo México es la del desempleo.

Según la cifra más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país la pandemia ha dejado sin empleo a 12.5 millones de personas, de ellas 1.030.366 tenían empleos formales y más de 10 millones se encuadran en la economía informal.

Frente al panorama anterior, las familias deberán acentuar sus preocupaciones en tres ámbitos estrechamente relacionados con el bienestar de sus integrantes: la salud, la educación y la seguridad.

Por cuanto hace a la salud habrán de enfrentar el hecho de que la medicina oficial se ocupa preferentemente de atender a los atacados por el coronavirus y, dado el caso, acudir a los consultorios y hospitales públicos implica el riesgo de contagiarse.

En el caso de la educación, la intempestiva necesidad de optar por la educación a distancia, si bien solucionó en parte la necesidad de desarrollar hasta su culminación los programas de estudios en todos los niveles del sistema educativo, quedan serias dudas de que la calidad de los aprendizajes sean lo deseablemente satisfactorios.

Respecto a la seguridad, en este campo si ya antes de presentarse la pandemia los índices delincuenciales eran preocupantes, las necesidades derivadas de la falta de empleo y de ingresos impone la necesidad de reforzar las medidas preventivas de todo género de actos delictivos que afecten la tranquilidad y patrimonio familiares.

En este contexto, paralelamente a las soluciones individuales el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) concluye que "Ante tal desafío es necesario ampliar y fortalecer las medidas (oficiales) emergentes de respuesta desplegadas… mejorar su capacidad operativa, asegurar que su focalización sea adecuada, así como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso como resultado de la contingencia."