El tema de la corrupción en el mundo exige que las decisiones en torno a las políticas públicas estén basadas en evidencia y en la Ley. Por supuesto apoyando a las instituciones de fiscalización superior, para que su trabajo sea comprendido y respetado en todos los espacios.
Este tema es un asunto global, lo cual permite que las estrategias se discutan en espacios de cooperación entre las naciones. En este contexto, la 10ª Conferencia de Estados Parte (COSP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) es uno de los mecanismos multilaterales más importantes para el combate a la corrupción, que se realizó la primera mitad de diciembre de 2023 en Atlanta, Georgia. Ahí se trabajó y se debatió el tema hasta tomar acuerdos que revitalizan el compromiso de los Estados nacionales para combatir la corrupción.
Esta décima edición de la Conferencia ha sido relevante en la coyuntura actual: en la evaluación del avance de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el combate a la corrupción es considerado una tarea inherente para contar con mejores previsiones de desarrollo. Por ello, la Conferencia de la UNCAC funge como un espacio idóneo en la compleja tarea de contar con instituciones sólidas y buenos gobiernos. Si la corrupción es controlada eficazmente, la probabilidad de éxito en la consecución de los ODS crece exponencialmente.
El consenso entre los Estados parte de la UNCAC ha sido que la corrupción es un problema global. Esta premisa hace plausible afirmar que, para resolverlo, se requiere la cooperación internacional y el multilateralismo. En adición, en el debate general de la COSP10 se vinculó al problema de la corrupción con otros delitos de carácter global como el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Por tanto, las tareas de combate a la corrupción deben avanzar en una agenda común en el mundo, centradas –sobre todo– en la generación de capacidades institucionales suficientes para hacer frente a un problema que rebasa los límites territoriales y soberanos de los países. En pocas palabras, si la criminalidad es transnacional, su combate también debe serlo.
El acuerdo entre gobiernos soberanos es indispensable para materializar acciones colaborativas. Ahí, la Conferencia ha sido exitosa. Fue aprobada la Declaración de Atlanta para la “promoción de la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia en la lucha contra la corrupción”. Dicha declaración es un posicionamiento de los Estados parte de la UNCAC en favor de principios y valores democráticos compartidos, además se pone de manifiesto la voluntad política de colaborar, cooperar y entablar relaciones institucionales ante un problema global.
Esta perspectiva global de la corrupción ha estado presente en la agenda pública, cuanto menos los últimos veinte años. Empero, la reunión en Atlanta ha avanzado en una dirección positiva: la definición técnica de cómo abordar la relación transversal entre los delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada. En esa tarea, las aportaciones de la OLACEFS fueron relevantes en la resolución adoptada con el nombre de “Abordando los vínculos entre la corrupción y la delincuencia organizada”, en el ámbito de la fiscalización superior. La aprobación de dicha resolución, junto con la Declaración de Atlanta, revitaliza la agenda anticorrupción y su importancia para lograr los ODS.
En la OLACEFS, con las auditorías coordinadas, trabajamos en ese sentido. La mejor defensa de las entidades de fiscalización superior es lograr que se reduzca la corrupción, principalmente con un enfoque preventivo y con firmeza se observen las irregularidades cuando existan y se castigue la corrupción.
Asimismo, la cooperación internacional es fundamental y necesaria.
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