“Sin gobierno no hay Estado, pero sin población no existe gobierno”
Estimados lectores, con en el gusto saludarlos nuevamente, esta vez con tema muy importante: La cultura de la legalidad, cuya definición dice que es el conjunto de ideologías, valores, ordenamientos y acciones que promueven creer en el Estado de derecho, que lo defiendan y no se tolere la ilegalidad, de ahí que, parafraseando lo establecido en el artículo 3o, Fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la intolerancia a lo ilegal debe convertirse en un sistema de vida, que permita el mejoramiento social y económico, basado en principios que nos conduzcan a construir una sociedad más justa.
La fuerza del Estado de derecho reside en la certeza social de que, quien realiza un acto ilegal, será juzgado (respetando las garantías esenciales del proceso), en su caso, sancionado, que existirán recursos para inconformarse con ese resultado y que después de confirmarse el castigo procedente, será ejecutada la sanción que corresponda; es decir, la base de nuestro sistema jurídico es la confianza en un sistema que protege y garantiza todos nuestros derechos, por medio de las instituciones que hemos creado para ello: Fiscalías, Ministerios Públicos, Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia. El Estado de derecho y esa confianza ciudadana han generado una simbiosis total, a un nivel en que no pueden existir separadas.
Conseguir que cada persona se convierta en un agente de legalidad, en sus actos públicos y privados, implica un esfuerzo compartido, entre la población y el gobierno (todos los Poderes y todos los órdenes de gobierno), que debe comenzar en el lado de quienes tenemos el privilegio de ser servidores públicos. Un operador del sistema legal mexicano debe ser un custodio que repele la corrupción.
En la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2016), 38 % de las personas manifestaron que respetan y obedecen las leyes porque cumplir la ley nos beneficia a todos; 8.5 % para no ser criticado por los demás, mientras que 23 % manifiesta que lo considera un deber moral, solo 16.6 % lo hace para evitar castigos. Estos resultados son el nuevo reto: lograr que el cumplimiento de la ley sea un imperativo categórico, tal como lo conceptualiza Emmanuel Kant, en su obra “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”.
La cultura de la legalidad, como todas las cosas que socialmente creamos, al igual que nosotros, posee la capacidad de perfeccionarse y depende de nuestras decisiones cotidianas hacer que ese sistema cultural sea más fuerte y mejor. Al igual que la nueva gobernanza, que contempla la participación de todos los sectores, se necesita de la participación social completa para configurar una nueva cultura de la legalidad.
*Consejera Presidenta de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
