A querer o no, casi sin darnos cuenta y sin saber bien a bien de qué trata, la Inteligencia Artificial (IA) -considerada por algunos estudiosos del tema como un elemento estratégico del Siglo XXI- ya está presente en muchas de nuestras actividades cotidianas y de distintas formas.
Es así que, pensar siquiera en renunciar a una convivencia diaria entre IA y personas, hoy día es prácticamente imposible, así que lo único que queda como sociedad es adaptarnos a esta era de la tecnología y la modernidad, pero sin socavar la dignidad de nadie y sin trastocar el respeto a los derechos humanos.
Según la Unesco, “como en todos los campos de la vida humana, si no se gestiona a favor de la humanidad, (la IA) puede conducir a resultados injustos. Sin supervisión humana, estos cambios pueden ampliar las desigualdades económicas, sociales y culturales”.
Ya desde el año 2019, el experto australiano y relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, advirtió sobre la necesidad de unir esfuerzos y de “trabajar para que las herramientas tecnológicas no sean las nuevas causantes de más desigualdad entre quienes menos tienen en el mundo”.
Es decir, debe pugnarse por el beneficio de la sociedad toda, más no en perjudicarla, y eso implica necesariamente el respeto irrestricto a los derechos humanos, sobre todo de aquellos relacionados con la privacidad, la intimidad, la igualdad, la libertad de expresión y de movimiento o de reunión, entre otros, que demandan una reflexión legal y ética, necesaria, impostergable e irrenunciable.
Apenas en noviembre pasado, en su discurso en la Cumbre sobre Inteligencia Artificial Generativa y Derechos Humanos, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, consideró una “paradoja del progreso” el surgimiento de dicha tecnología ya que, “por un lado, podría revolucionar la forma en que vivimos, trabajamos y solucionamos algunos de nuestros desafíos más complejos; pero por otro, aumenta los riesgos profundos de socavar la dignidad y los derechos humanos”.
Por eso se pronunció a favor de “evaluar los múltiples campos en los que la inteligencia artificial puede tener efectos transformadores en sentido negativo, como en el combate a la discriminación, la participación política, las libertades civiles o el acceso a servicios públicos”.
Volker Türk también hizo un llamado a todos los Estados miembros de la ONU para que alineen sus marcos regulatorios “con sus obligaciones marcadas en las leyes de derechos humanos” para proteger a las personas de los abusos inducidos por la IA, y que las empresas tomen en cuenta a las poblaciones de mayor riesgo y eviten abusos contra las garantías fundamentales.
En atención a ese llamado, en muchas partes del mundo ya se han dado debates sobre la IA y su impacto en los derechos humanos, y como resultado hay documentos interesantes que pueden y deben servir de base para que en Tlaxcala se pueda avanzar al respecto.
Un documento importante sobre el tema -y que debiera servirnos de punto de partida- es la llamada Declaración de Toronto sobre la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación en los sistemas de aprendizaje automático, elaborada por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y diversas organizaciones.
Para la especialista Andrea Elena Grigore, de la Universidad de Sevilla, esa declaración “es un documento histórico que busca aplicar las normas internacionales de derechos humanos existentes al desarrollo y uso de sistemas de aprendizaje automático (o inteligencia artificial)”, y hace un llamamiento a los gobiernos y a las empresas para garantizar que en la materia respeten los principios de igualdad y no discriminación.
Desde su perspectiva, la Declaración “el aprendizaje automático y la inteligencia artificial afectan a una amplia gama de derechos humanos, incluidos el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la participación en la vida cultural, el derecho a la reparación y el derecho a la vida.
La Declaración de Toronto, según la especialista, tiene tres secciones principales: “establece el deber de los Estados de prevenir la discriminación en el diseño o la implementación de los sistemas de aprendizaje automático en contextos públicos o mediante asociaciones público-privadas; describe las responsabilidades de los actores privados en el contexto del desarrollo y la implementación de sistemas de IA; y afirma el derecho a un recurso efectivo y a llamar a cuentas a los responsables de las violaciones”.
Considera que “redactar y publicar la Declaración es solo el primer paso para que el marco de derechos humanos se convierta en un componente fundamental del ámbito de la ética de la IA y los datos, el cual está experimentando un rápido desarrollo”.
*Consejera consultiva CEDH