/ miércoles 31 de julio de 2024

Día Mundial contra la Trata de Personas

El Día Mundial contra la Trata fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 30 de julio del año 2013, como una fecha para reflexionar y actuar contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y con el objetivo de concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, promocionar y proteger sus derechos.

De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños -que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional-, la trata de personas es “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Es bien sabido que este flagelo no conoce fronteras -para muestra las bandas que operan desde Tlaxcala- y afecta a personas de todos los continentes y estratos sociales, como lo refiere la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), convirtiéndose así en una problemática que afecta a millones de personas, especialmente mujeres y niños, que son los más vulnerables.

En México, la trata de personas es una preocupación creciente, especialmente en estados con alta marginación y pobreza, donde las personas son más susceptibles a ser engañadas con promesas de trabajo o una vida mejor.

El enganche de víctimas es alimentado por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad de las personas en situaciones de conflicto, migración o crisis humanitarias; esas circunstancias son las que aprovechan los traficantes para engañar, coaccionar y explotar a cientos de personas.

Ahora bien, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, amplía el concepto de “trata de personas” para comprender a toda acción u omisión dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

Apenas el 7 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a esa norma. Los cambios más relevantes son la ampliación de la definición de explotación laboral que se considera así no solo por las condiciones peligrosas insalubres, cargas de trabajo desproporcionadas y remuneraciones inferiores al salario mínimo, sino también por las jornadas que superen lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Otro cambio es el relativo a las sanciones, porque ahora se establecen penas de 3 a 10 años de prisión y multas equivalentes de 5 mil a 50 mil días.

En el caso de la afectación a grupos vulnerables se considera ahora cuando la explotación afecte a personas de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas; entonces, la pena será de 4 a 12 años de prisión y multas de 7 mil a 70 mil días de multa.

Pese a que se considera que el Estado mexicano cuenta con una legislación avanzada y de vanguardia en su tipo, para nadie es un secreto que la trata de personas es uno de los flagelos más grave que padece la sociedad, fenómeno que va en aumento y consecuencias devastadoras.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), este año se tiene el registro de 3 mil 303 casos de víctimas de delitos de entre 0 y 17 años de edad a nivel nacional.

Con datos a enero pasado, las entidades en las que se habían registrado más víctimas de trata de personas en ese rango de edad fueron Estado de México (17.8 %), Quintana Roo (17.8 %) y Ciudad de México (14.6 %). Esas tres entidades concentraban más de la mitad de los casos en los que las víctimas fueron principalmente niñas, niños y adolescentes.

Este delito afecta mayormente a las mujeres, que son víctimas en 81.1 % de los casos reportados a nivel nacional durante el año 2024.

En el periodo de 2015 a 2024, en Tlaxcala el 88.9 % de las víctimas han sido mujeres y 11.1 % hombres, de los casos que incluyen a personas de 0 a 17 años.

Todos esos datos reflejan la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, pues éstos solo corresponden a información de aquellos casos que se identifican o denuncian.

En este contexto, el llamado a la sociedad es estar alerta y denunciar situaciones sospechosas de trata. Por ello, es esencial estar informados y sensibilizados sobre este tema, ya que ese delito puede ocurrir en cualquier lugar.

Para combatir este flagelo, solo a través de una respuesta integral y coordinada podemos poner fin a esta forma de esclavitud moderna.

Además, es importante que las víctimas sepan que no están solas y que existen instituciones, organizaciones y programas destinados a ayudarlas.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) estamos comprometidos a que todas las personas sean atendidas de forma integral, y pugnamos porque cada una de las autoridades, desde el ámbito de su competencia, garanticen el acceso a la justicia, con enfoque de derechos humanos.

Combatir y erradicar este flagelo es tarea conjunta y de suma de esfuerzos desde la trinchera que corresponda, siempre con el objetivo de proteger los derechos y la dignidad de cada ser humano.


*Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos



El Día Mundial contra la Trata fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 30 de julio del año 2013, como una fecha para reflexionar y actuar contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y con el objetivo de concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, promocionar y proteger sus derechos.

De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños -que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional-, la trata de personas es “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Es bien sabido que este flagelo no conoce fronteras -para muestra las bandas que operan desde Tlaxcala- y afecta a personas de todos los continentes y estratos sociales, como lo refiere la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), convirtiéndose así en una problemática que afecta a millones de personas, especialmente mujeres y niños, que son los más vulnerables.

En México, la trata de personas es una preocupación creciente, especialmente en estados con alta marginación y pobreza, donde las personas son más susceptibles a ser engañadas con promesas de trabajo o una vida mejor.

El enganche de víctimas es alimentado por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad de las personas en situaciones de conflicto, migración o crisis humanitarias; esas circunstancias son las que aprovechan los traficantes para engañar, coaccionar y explotar a cientos de personas.

Ahora bien, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, amplía el concepto de “trata de personas” para comprender a toda acción u omisión dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

Apenas el 7 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a esa norma. Los cambios más relevantes son la ampliación de la definición de explotación laboral que se considera así no solo por las condiciones peligrosas insalubres, cargas de trabajo desproporcionadas y remuneraciones inferiores al salario mínimo, sino también por las jornadas que superen lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Otro cambio es el relativo a las sanciones, porque ahora se establecen penas de 3 a 10 años de prisión y multas equivalentes de 5 mil a 50 mil días.

En el caso de la afectación a grupos vulnerables se considera ahora cuando la explotación afecte a personas de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas; entonces, la pena será de 4 a 12 años de prisión y multas de 7 mil a 70 mil días de multa.

Pese a que se considera que el Estado mexicano cuenta con una legislación avanzada y de vanguardia en su tipo, para nadie es un secreto que la trata de personas es uno de los flagelos más grave que padece la sociedad, fenómeno que va en aumento y consecuencias devastadoras.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), este año se tiene el registro de 3 mil 303 casos de víctimas de delitos de entre 0 y 17 años de edad a nivel nacional.

Con datos a enero pasado, las entidades en las que se habían registrado más víctimas de trata de personas en ese rango de edad fueron Estado de México (17.8 %), Quintana Roo (17.8 %) y Ciudad de México (14.6 %). Esas tres entidades concentraban más de la mitad de los casos en los que las víctimas fueron principalmente niñas, niños y adolescentes.

Este delito afecta mayormente a las mujeres, que son víctimas en 81.1 % de los casos reportados a nivel nacional durante el año 2024.

En el periodo de 2015 a 2024, en Tlaxcala el 88.9 % de las víctimas han sido mujeres y 11.1 % hombres, de los casos que incluyen a personas de 0 a 17 años.

Todos esos datos reflejan la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, pues éstos solo corresponden a información de aquellos casos que se identifican o denuncian.

En este contexto, el llamado a la sociedad es estar alerta y denunciar situaciones sospechosas de trata. Por ello, es esencial estar informados y sensibilizados sobre este tema, ya que ese delito puede ocurrir en cualquier lugar.

Para combatir este flagelo, solo a través de una respuesta integral y coordinada podemos poner fin a esta forma de esclavitud moderna.

Además, es importante que las víctimas sepan que no están solas y que existen instituciones, organizaciones y programas destinados a ayudarlas.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) estamos comprometidos a que todas las personas sean atendidas de forma integral, y pugnamos porque cada una de las autoridades, desde el ámbito de su competencia, garanticen el acceso a la justicia, con enfoque de derechos humanos.

Combatir y erradicar este flagelo es tarea conjunta y de suma de esfuerzos desde la trinchera que corresponda, siempre con el objetivo de proteger los derechos y la dignidad de cada ser humano.


*Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos