El Día Mundial contra la Trata fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 30 de julio del año 2013, como una fecha para reflexionar y actuar contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y con el objetivo de concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, promocionar y proteger sus derechos.

De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños -que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional-, la trata de personas es “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Es bien sabido que este flagelo no conoce fronteras -para muestra las bandas que operan desde Tlaxcala- y afecta a personas de todos los continentes y estratos sociales, como lo refiere la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), convirtiéndose así en una problemática que afecta a millones de personas, especialmente mujeres y niños, que son los más vulnerables.

En México, la trata de personas es una preocupación creciente, especialmente en estados con alta marginación y pobreza, donde las personas son más susceptibles a ser engañadas con promesas de trabajo o una vida mejor.

El enganche de víctimas es alimentado por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad de las personas en situaciones de conflicto, migración o crisis humanitarias; esas circunstancias son las que aprovechan los traficantes para engañar, coaccionar y explotar a cientos de personas.

Ahora bien, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, amplía el concepto de “trata de personas” para comprender a toda acción u omisión dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

Apenas el 7 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a esa norma. Los cambios más relevantes son la ampliación de la definición de explotación laboral que se considera así no solo por las condiciones peligrosas insalubres, cargas de trabajo desproporcionadas y remuneraciones inferiores al salario mínimo, sino también por las jornadas que superen lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Otro cambio es el relativo a las sanciones, porque ahora se establecen penas de 3 a 10 años de prisión y multas equivalentes de 5 mil a 50 mil días.

En el caso de la afectación a grupos vulnerables se considera ahora cuando la explotación afecte a personas de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas; entonces, la pena será de 4 a 12 años de prisión y multas de 7 mil a 70 mil días de multa.

Pese a que se considera que el Estado mexicano cuenta con una legislación avanzada y de vanguardia en su tipo, para nadie es un secreto que la trata de personas es uno de los flagelos más grave que padece la sociedad, fenómeno que va en aumento y consecuencias devastadoras.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), este año se tiene el registro de 3 mil 303 casos de víctimas de delitos de entre 0 y 17 años de edad a nivel nacional.

Con datos a enero pasado, las entidades en las que se habían registrado más víctimas de trata de personas en ese rango de edad fueron Estado de México (17.8 %), Quintana Roo (17.8 %) y Ciudad de México (14.6 %). Esas tres entidades concentraban más de la mitad de los casos en los que las víctimas fueron principalmente niñas, niños y adolescentes.

Este delito afecta mayormente a las mujeres, que son víctimas en 81.1 % de los casos reportados a nivel nacional durante el año 2024.

En el periodo de 2015 a 2024, en Tlaxcala el 88.9 % de las víctimas han sido mujeres y 11.1 % hombres, de los casos que incluyen a personas de 0 a 17 años.

Todos esos datos reflejan la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, pues éstos solo corresponden a información de aquellos casos que se identifican o denuncian.

En este contexto, el llamado a la sociedad es estar alerta y denunciar situaciones sospechosas de trata. Por ello, es esencial estar informados y sensibilizados sobre este tema, ya que ese delito puede ocurrir en cualquier lugar.

Para combatir este flagelo, solo a través de una respuesta integral y coordinada podemos poner fin a esta forma de esclavitud moderna.

Además, es importante que las víctimas sepan que no están solas y que existen instituciones, organizaciones y programas destinados a ayudarlas.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) estamos comprometidos a que todas las personas sean atendidas de forma integral, y pugnamos porque cada una de las autoridades, desde el ámbito de su competencia, garanticen el acceso a la justicia, con enfoque de derechos humanos.

Combatir y erradicar este flagelo es tarea conjunta y de suma de esfuerzos desde la trinchera que corresponda, siempre con el objetivo de proteger los derechos y la dignidad de cada ser humano.

*Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos