El beneficio de la duda

IVÁN ARRAZOLA*

En los últimos días, una de las expresiones más recurrentes ha sido la necesidad de otorgarle el beneficio de la duda a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que su gobierno representa un nuevo comienzo. Aunque se prevé la continuidad de varios proyectos de la administración anterior, es indudable que imprimirá su propio sello y estilo en la forma de gobernar. Ante esta perspectiva, resulta relevante hacer un análisis detallado de algunos de los 100 compromisos que presentó el día que asumió el cargo de presidenta, para entender mejor las prioridades de su mandato y las transformaciones que se vislumbran en su gestión.

En su compromiso número 26, la presidenta señala que continuará con el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana y mantendrá la distribución de los libros de texto gratuitos. Esta decisión representa una de las políticas que deberían revisarse con mayor profundidad, no solo por la forma en que fue diseñada, sino también por la ausencia de consulta a los principales actores del sistema educativo durante su elaboración. Además, el nuevo modelo parece no abordar de manera adecuada problemas críticos como el rezago en matemáticas y la deficiente comprensión lectora.

Dado este contexto, y considerando que se trata de una mandataria con formación científica, sería deseable que se realice una evaluación exhaustiva del modelo educativo en lugar de limitarse a ratificar un esquema que, hasta ahora, no parece responder de manera efectiva a las necesidades actuales de la educación en nuestro país. Una revisión profunda permitiría identificar áreas de mejora y diseñar estrategias que realmente atiendan los desafíos educativos que enfrentamos, contribuyendo a una educación de calidad que impulse el desarrollo integral de los estudiantes.

En su compromiso número 86, la presidenta ha señalado que fortalecerá la aerolínea Mexicana de Aviación. Esta decisión se enmarca en la tendencia de apostar por empresas públicas para abordar problemáticas específicas, tal como ocurrió durante la administración anterior con proyectos como Gas Bienestar y la Megafarmacia del Bienestar. Ambos programas nacieron con el objetivo de enfrentar el desabasto y el encarecimiento de ciertos productos y servicios, pero sus resultados no lograron resolver de manera efectiva los problemas que se proponían atender.

Estas iniciativas, lejos de cumplir con las expectativas, generaron costos adicionales y una falta de sostenibilidad operativa a largo plazo, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de emplear un enfoque similar con Mexicana de Aviación. Además, la falta de evaluaciones rigurosas para medir su impacto y eficiencia impidió conocer el verdadero alcance de estos proyectos, lo que sugiere que fueron medidas diseñadas más como soluciones temporales que como estrategias de fondo.

En este sentido, fortalecer Mexicana de Aviación no debería limitarse a inyectar recursos o ampliar la operación de la aerolínea, sino que requeriría de un análisis detallado de la viabilidad económica, el mercado y la capacidad de competir en un entorno tan complejo como el de la aviación. Sin un plan estratégico bien estructurado y con criterios de evaluación claros, existe el riesgo de que se repita el mismo patrón de resultados ineficaces, generando pérdidas financieras sin atender las causas subyacentes de los problemas que se pretenden resolver.

En su compromiso número 69, la presidenta establece que el objetivo principal de la producción de petróleo será satisfacer el consumo nacional, en lugar de enfocarse en la exportación. Sin embargo, esta medida parece no reconocer el grave problema de endeudamiento que enfrenta la empresa estatal encargada de la producción de hidrocarburos. Tampoco se consideran las elevadas inversiones necesarias para mantener operativas las refinerías, que se encuentran en condiciones obsoletas, ni los altos costos laborales asociados con la producción de gasolina en el país.

Para que la política energética sea realmente sostenible, es necesario replantear la visión del sector. Insistir en el concepto de “soberanía energética” como un mantra podría limitar las oportunidades de innovación y modernización. Un enfoque más estratégico sería diversificar la matriz energética, apostando por tecnologías renovables que reduzcan la dependencia del petróleo y, al mismo tiempo, busquen hacer competitiva a la industria de los hidrocarburos a través de una modernización integral de la infraestructura y una revisión de su modelo financiero.

En los próximos años, veremos si estos compromisos realmente logran resolver las problemáticas más urgentes, cuya solución representaría un avance significativo para el país. Sin embargo, alcanzar dichos resultados no será posible sin un enfoque más flexible y dinámico, en el que se evalúe no solo la viabilidad de cada política, sino también su capacidad de adaptación y continuidad a lo largo del tiempo.

Es fundamental que las políticas no se conviertan en un conjunto de promesas rígidas, sino en instrumentos de cambio que puedan ajustarse conforme evolucionan las circunstancias y emergen nuevas necesidades. De lo contrario, estos 100 compromisos podrían transformarse en una especie de “camisa de fuerza”, limitando la capacidad de respuesta del gobierno y creando una visión dogmática que priorice la preservación de una línea ideológica sobre el verdadero compromiso con el desarrollo del país y la solución efectiva de los problemas.

*Analista político e integrante de Integridad Ciudadana A. C.

@ivarrcor @integridad_AC