Hace unos días, la mayoría de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral votaron por negar el registro a las y los aspirantes a gubernaturas, alcaldías y diputaciones federales que incumplieron con la obligación de presentar sus informes de gastos de precampaña.
La ley electoral exige a los partidos políticos transparencia sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos; la supervisión de su cumplimiento es mediante la auditoría que se realiza a dichos informes y el no hacerlo en el tiempo establecido, deriva en la cancelación legal de la candidatura (artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
Las faltas administrativas encontradas corresponden mayoritariamente a los morenistas, quienes argumentaron que nada tenían que reportar, porque su partido no contempla la etapa de precampaña. Así, Morena resultó ser el instituto político más opaco en la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a la normatividad. Por eso es vergonzosa y dolosa la forma en que justifica la evasión de sus obligaciones legales.
Entre “los afectados” están Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, personajes que por mucho tiempo han contado con el aval presidencial para ser gobernadores en sus respectivos estados. Sin abundar en lo que se ha dicho sobre Salgado ni el alcance del acuerdo electoral, causa indignación que el retiro de su candidatura haya sido por la vía administrativa y no por las denuncias en su contra.
Si el INE hizo correctamente su trabajo en el área de su competencia, fiscalizar el uso de los recursos públicos, sancionar faltas y omisiones, y aplicar la ley, a pesar de que el presidente, sus seguidores y ahora también empresarios cobijados por esta administración buscan desaparecerlo porque no muestra ni sumisión ni obediencia.
¿Por qué las instancias de procuración de justicia se dejaron amedrentar por el inquilino de Palacio Nacional y no hicieron lo propio, si estaban obligadas a investigar las denuncias presentadas por las agresiones sexuales del senador con licencia? Lamentable es que, en este país, una instrucción presidencial haga que la justicia sea selectiva y el presidente, en funciones de ministerio público y desde su púlpito, ataque a quien cumple la ley, exima a quien acate sus órdenes y decida quién es culpable de un delito.
Es una paradoja que lo que no pudo hacer la autoridad encargada de impartir justicia para las víctimas, lo haya logrado el INE en esta etapa, pues aún falta conocer qué tan objetiva e independiente será la resolución del TEPJF.
No se hizo esperar el ataque presidencial en contra del órgano electoral, al que llamó “representante del Supremo Poder Conservador... un juego sucio y un nuevo atentado a la democracia”. Si hay alguien en este país que ha atentado contra la democracia, porque se cree ley, árbitro, juez, es Andrés Manuel López Obrador, el mismo que “manda a las instituciones al diablo”: al INE, que con toda responsabilidad cumplió lo que le obliga la ley, y a la Fiscalía para que le sirva a conveniencia según los intereses de su propio partido; el mismo que tiene sus propios datos y su propio significado de democracia.
Nunca como ahora quiere someter, incluso desaparecer, a las instituciones democráticas que han puesto orden y reglas para la competencia. Esas reglas que le dieron el triunfo en las elecciones del 2018 ya le estorban, por lo que con el poder que ostenta y con una mayoría legislativa artificial, está dispuesto a cambiar a modo. Esas instituciones viven en un constante viacrucis por resistirse a ceder a los caprichos de un solo hombre, figura que por cierto es ensalzada, venerada y hasta comparada con Jesucristo, por sus seguidores.
