ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ*
Está en el centro del debate la reforma al Poder Judicial que propuso el presidente López Obrador, después de lanzar descalificaciones y acusar de corruptos a los integrantes de este Poder; busca que sean electos a través del voto popular, para que, según él, se limpie de corrupción y estén al servicio del pueblo. Sobre este tema hay más dudas que certezas, y no me refiero a que la elección popular libre de corrupción a quienes llegan por esta vía. Si así fuera, no habría presidentes corruptos, diputados o senadores, puesto que son electos mediante voto directo. Ser corrupto es una elección independientemente de la forma a la que se haya llegado al cargo.
La experiencia internacional de países que eligen a los ministros, magistrados y jueces por voto popular es Bolivia, existen otros países con matices diferentes, pero de la forma que está propuesta la reforma al Poder Judicial en México es igual a la que se realiza en el país sudamericano. Sin embargo, este modelo parece estar en crisis en ese país, la popularidad no es sinónimo de eficacia o capacidad.
Sin entrar a debate con la complejidad legal que ello implica y cuáles serán los parámetros para que puedan ser propuesta de cada Poder del Estado Mexicano, sí se quiere una Corte parcial en favor de quien los propuso o es más importante que sean conocidos en el mundo jurídico independientemente de su capacidad para desempeñar este importante cargo; si prevalecerá la misma narrativa de 90 % de lealtad y 10 % de capacidad, o si busca una Corte imparcial, independiente y profesional, aunque sus integrantes no sean conocidos ni populares.
Nadie está en contra de una reforma al Poder Judicial, pero bien pensada, estructurada y con una lógica de mejorar la impartición de justicia, en el entendido de que los jueces y magistrados son el último eslabón de la cadena de procuración de justicia, los juzgadores resuelven con lo que les aportan las Fiscalías y ministerios públicos, su labor no es de investigación. Las sentencias se deben en gran medida a los elementos que se integran en las carpetas por las Fiscalías que pertenecen al Poder Ejecutivo por más independencia que dicen tener.
Al margen de todas estas consideraciones viene la parte logística, la parte electoral y la que menos está delineada en la propuesta. No se dice cómo se van a elegir los magistrados de circuito ni jueces de distrito; se sobre entiende que los ministros de la Suprema Corte serán electos en votación nacional porque integrarán el Pleno, pero ¿y el resto de los juzgadores?, ¿cómo será su elección? Los distritos electorales federales no coinciden con distritos judiciales, porque tienen distinta naturaleza y finalidad. Si los candidatos a diputaciones y senadurías no recorren todo el distrito y entidad ¿lo podrán y tienen que hacer los aspirantes a magistrados y jueces?, ¿el financiamiento para las campañas será público, privado o mixto?, ¿cuántos días de campaña serán para cada cargo?, ¿cuál será el costo de la elección?, ¿serán la totalidad de las casillas o se instalarán centros de votación como en la consulta popular y revocación de mandato?, ¿cuántos días de campaña serán para cada cargo?, ¿se fiscalizarán los recursos ejercidos o cada uno pueda gastar según sus capacidades económicas?, ¿quién califica la elección por cada nivel, es decir, ministros, magistrados de juzgados unitarios y colegiados y jueces de distrito?, ¿cómo conocerán las propuestas la ciudadanía para que ejerza un voto informado?
Finalmente, en caso de existir medios de impugnación, ¿quién será la autoridad facultada para resolverlos?, ¿el Poder Judicial para ser juez y parte?, ¿la renovación de magistrados y jueces se realizará de manera escalonada para proteger los derechos de los justiciables o habrá una suspensión hasta que haya ganadores en estos cargos y resuelvan?
Todas esas preguntas aún no tienen respuesta… y pensar que la propuesta incluye también la elección de consejerías del Consejo General del INE.
*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala
