Espacio INE | Transparencia y democracia

CÉSAR LARA CANO

En primer término, diremos que la transparencia en términos de política es la obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de la ciudadanía la información que muestre la estructura y el funcionamiento de cada órgano gubernamental a partir de su actuación y conforme el ejercicio de sus atribuciones. Su objeto consiste en producir un ambiente de confianza, seguridad y veracidad entre el gobierno y la sociedad, para que así la ciudadanía esté informada y tenga conocimiento de las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y toda la información generada por el sector público.

Haciendo un poco de historia, en el año de 1776, un sacerdote sueco-finlandés que era diputado, economista, tabernero, hombre culto y viajero, Anders Shydeniqs, incursó la primera ley de acceso a la información gubernamental, denominada “Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas” del país sueco. A partir de este antecedente, Suecia encaró valerosamente el desafío de la modernización de su gobierno a finales del siglo XVIII, siendo este país destacado en esta materia, durante el siglo XVIII y XIX; y todavía más, los suecos lo hicieron eficazmente, sin las jactancias típicas de las potencias y sin dar lecciones al resto del mundo. La idea de acceso irrestricto a los documentos públicos tardaría en cobrar toda su fuerza hasta dos siglos después, con su vecina Finlandia (1951), Estados Unidos (1966), y en Dinamarca (1970), para volverse una oleada democratizadora en los últimos cinco años del siglo XX, periodo en el cual más de cuarenta países del mundo -incluido México- tomaron su ejemplo e instituyeron sus propias leyes de acceso a la información. Tal fenómeno democratizador es de tal magnitud y universalidad que, al segundo semestre de 2005, existían ya 62 países con leyes de transparencia y la suma sigue creciendo (Wikipedia la enciclopedia libre).

El acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, son mecanismos fundamentales en el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos, siendo indispensables para el logro de un gobierno abierto, responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía que puede ejercitar su derecho humano al acceso a la información.

En nuestro país el derecho a la información pública se considera un derecho humano que está consagrado en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando origen a las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamientos legales que establecen las obligaciones de transparencia para todos los sujetos obligados y garantiza el libre ejercicio de derecho al acceso a la información; con lo anterior, la ciudadanía tiene la oportunidad mediante el derecho de disuadir y en su caso exponer los actos de corrupción en el servicio público.

También debe decirse que el derecho a la protección de datos personales, es un derecho humano reconocido por el artículo 16, segundo párrafo de nuestra Carta Magna, que impone obligaciones a los particulares y a las instituciones públicas que utilizan datos personales por parte de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos del ámbito federal, estatal y municipal.

Resumiendo lo anterior, la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, deben consolidarse como una política gubernamental, pero sobre todo como una política social, cuya vigencia permita que la sociedad conozca las acciones políticas y avances en materia de combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, así como el importante papel del ejercicio del derecho de acceso a la información, puede desempeñar en la complicada tarea de rendición de cuentas.

Vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala

DATO:

El acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, son mecanismos fundamentales en el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos