Elizabeth Piedras Martínez*
El sistema político mexicano tiene un sólido andamiaje electoral que sostiene la renovación de una compleja estructura de poderes que van de lo macro a lo micro social y la dota de certeza y credibilidad, rasgos que se traducen en legitimidad y gobernabilidad.
La actividad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de este país transita en el nivel más delicado de la convivencia política mexicana y contiene el combativo dinamismo de la competencia electoral en los cargos más cercanos a la población.
Hasta hace casi un lustro los órganos electorales locales hacían el relevo de sus autoridades desarrollando sus procedimientos, diseñados para la realidad político-social de cada una de las Entidades y las particularidades de sus regiones.
Desde su creación y su inclusión al Sistema Nacional Electoral los OPLES son el primer contacto de las y los ciudadanos, por encontrarse planeados específicamente para atender la problemática particular de su Estado. La ciudadanía ha generado un sentido de pertenencia, recurren a ellos cotidianamente, ante el surgimiento de problemas político-sociales que se presentan en su entorno, siendo los primeros en responder a estos acontecimientos como fuente de pacificación social por medio de sus determinaciones.
De esta forma, la valía de los OPLES no debe medirse solo a raíz de su costo económico o resultados a corto plazo, sino en relación a lo que aportan al sistema político de las Entidades Federativas. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la autoridad local es la que mejor resuelve los asuntos de la ciudadanía, al estar más cerca de la gente, al conocer el entorno y la idiosincrasia.
En ese sentido, la carencia de estos organismos electorales generaría un vació en el sistema político a nivel local, que recaería en otras entidades públicas del Estado, no concebidas para atender las dificultades locales, pues la ciudadanía se siente identificada con sus autoridades, las cuales siente como propias.
En este orden, es menester hacer notar que en Tlaxcala, existe un cuarto nivel de gobierno que son las Presidencias de Comunidad; de las cuales 299 eligen a sus autoridades mediante voto universal, libre, secreto, personal y directo; y 94 se rigen por el sistema de usos y costumbres, que requiere de un conocimiento específico, a modo de no afectar el sistema normativo indígena reconocido en la Constitución Federal, por lo que se necesita que la autoridad administrativa electoral conozca previamente el contexto social, las normas, los procedimientos y las prácticas tradicionales en el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, todo ello para brindar la asistencia jurídica, técnica y logística que se le solicita conforme a la legislación electoral. Son estos temas donde el conocimiento y la experiencia de lo local es fundamental y quien lo posee son los institutos electorales locales.
En esta discusión se ha obviado el papel fundamental de los OPLES en la formación de ciudadanía. En la idea generalizada de que estos órganos solo trabajan en procesos electorales, se ha perdido de vista que hay otras funciones que son de suma importancia para la sociedad, como la educación cívica, la participación ciudadana, la garantía y vigilancia de los derechos político- electorales, la intervención en las elecciones por usos y costumbres y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos.
Otro elemento importante es precisamente la función que realizan, pues al tratarse de organismos especializados, son y han sido fuente, de formación de profesionistas expertos en la materia, de los cuales un número importante actualmente es parte de la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral, de los Tribunales Locales e incluso de los Tribunales Federales en la materia.
Adicionalmente, hay entidades que representan ejemplos, como Tlaxcala, que opera con presupuestos extraordinariamente austeros que le han llevado a reorientar sus recursos de manera estratégica para atender las actividades prioritarias y ha demostrado que es posible hacer reajustes en el espectro económico, sin mermar las condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio con resultados legítimos en su elección. Por lo tanto, la existencia de los OPLES es necesaria para el sistema político mexicano, ya que impacta directamente en la construcción de la ciudadanía y la democracia desde lo local, se debe apostar por su vigencia y fortalecimiento. Comparto mi colaboración que fue parte de la Revista Voz y Voto del mes de agosto de este año.
- *Consejera Presidenta del Instituto
- Tlaxcalteca de Elecciones
