Fiscalización superior contra la desigualdad

La desigualdad es un tema que preocupa y ocupa a los gobiernos de América Latina, al respecto recuerdo un ensayo que publiqué hace muchos años sobre “La Estructura Nacional de la Desigualdad” en un Congreso Nacional de Economistas. Desigualdad y pobreza son conceptos unívocos: los niveles de pobreza del subcontinente dieron lugar entre otras cosas al surgimiento de la ALPRO en los sesentas con el fin de proporcionar a la población de América Latina, mejoras en materia sanitaria, mejorar el acceso de la población la educación, la vivienda, controlar la inflación (el ladrón de guante blanco), mejorar la productividad agrícola, etc.

América Latina y el Caribe son regiones ricas en biodiversidad, agua y recursos naturales, pero también han sido espacio de la desigualdad. Ha habido avances por supuesto, pero seguimos siendo una región con profundas desigualdades y eso es un detonante para movimientos sociales que buscan solo sobrevivir en medio de la pobreza. La migración es un fenómeno derivado de la pobreza.

El Banco Mundial cuando fue dirigido por Robert Mac Namara -1968 hasta 1981-, se diseñó el llamado enfoque de necesidades básicas, a partir de un análisis de los problemas y decisiones en las soluciones, fomentando un mayor monto de los préstamos en la región, lo cual provoco que muchos gobiernos usaran los préstamos incorrectamente.

Sin embargo, a nivel regional si han existido avances: de acuerdo con la CEPAL, la desigualdad se redujo 4.9 % de 2010 a 2020. Luego hubo un decremento por causa de la crisis sanitaria. La pandemia de Covid-19 fue un reto para la sociedad y en la economía mundial, como lo ha indicado la CEPAL, que evidenció el impacto que tuvo este suceso en la desigualdad regional (“Panorama Social de América Latina y el Caribe)”.

Uno de los datos que arroja esa publicación es que la región durante 20 años ha sido donde más avances en materia de educación ha existido, favoreciendo que grupos históricamente excluidos de la educación accedieran a ella y pudieran culminar sus estudios; sin embargo, también fue la que más tiempo no tuvo clases presenciales, lo que derivó en una deficiente formación del alumnado en la región.

En el rubro de pobreza extrema, el estudio indica que la región tuvo un ritmo acelerado de reducción de la pobreza en el año 2002, y una posterior desaceleración en el año 2010; además, desde 2017 ha habido estancamiento en la pobreza hasta el año 2020, donde la irrupción de la crisis de salud mundial tuvo las consecuencias en la economía y la consecuente afectación a la población de la región. Se señala también que, en el 2021, la pobreza y la pobreza extrema afectaban de manera diferente a grupos etarios; en primer lugar, afectaba a niñas, niños y adolescentes, casi tres veces más que la población de 65 años y más.

En ese entendido fue que incluso durante el periodo más álgido del confinamiento y el cierre económico, las EFS continuamos con nuestro mandato constitucional y legal de fiscalizar los recursos públicos. En la ASF lo resentimos en su momento y en tres meses regresamos al trabajo presencial.

Trabajos como el realizado por la CEPAL nos dan un diagnóstico de la situación social en América Latina en el tema de desigualdad y como el trabajo de las EFS sirve para vigilar que las políticas que buscan disminuir la desigualdad y fomentar la inclusión sean eficaces, además de vigilar que los recursos públicos sean invertidos correctamente.

OLACEFS e INTOSAI han impulsado el uso de auditorías coordinadas para diferentes temas, instrumentos que permiten comunicar a los gobiernos si las políticas que han implementado han tenido un impacto positivo en la población.

Las EFS continuamos con nuestro mandato constitucional y legal de fiscalizar los recursos públicos.