Iván Arrazola
Con la sentencia del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se cierra uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de nuestro país. Condenado a 38 años de prisión, el exfuncionario pasará el resto de su vida en la cárcel. Al dictar la sentencia, el juez Cogan comparó su caso con el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, “Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”.
García Luna fue declarado culpable de cinco delitos en una corte de Brooklyn: tres por conspiración para traficar cocaína, uno por participar en una empresa criminal continua, y otro por dar declaraciones falsas a las autoridades. La acusación de los fiscales estadounidenses se basó en diversos testimonios de narcotraficantes y policías, entre los que destacó Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada. “El Rey” aseguró que, en 2006, cuando García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) y estaba por integrarse al gabinete mexicano, le pagó dos sobornos por un total de 5 millones de dólares.
Otro testigo clave fue Israel Ávila, excontador de narcotraficantes mexicanos, quien reveló que García Luna figuraba en las nóminas del cártel de Sinaloa, liderado por Beltrán Leyva, bajo los apodos “El Tartamudo” y “El Metralleta”. Además, Édgar Veytia, exfiscal del estado de Nayarit, conocido como “El Diablo” y actualmente condenado a 20 años en EE. UU. por narcotráfico, también declaró en el juicio. Veytia afirmó que, en 2011, el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le informó que había recibido instrucciones del expresidente Calderón y de García Luna para apoyar a la facción del cártel de “El Chapo” Guzmán en su conflicto con los Beltrán Leyva.
Tras conocerse la sentencia, diversas figuras políticas reaccionaron. El expresidente Felipe Calderón declaró en su cuenta de Twitter: “Nunca tuve evidencia que involucrara a García Luna en actividades ilícitas”. En contraste, la presidenta Sheinbaum señaló que la condena “no es menor” y refleja la decadencia del sexenio de Calderón, la cual continuó hasta la llegada de la Cuarta Transformación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque en el discurso oficial parece haber un antes y un después con la llegada de la Cuarta Transformación en temas de seguridad, las acusaciones sobre vínculos entre el crimen organizado y la clase política persisten. El escándalo más reciente involucra el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada. En una carta, Zambada relató que fue secuestrado tras asistir a una reunión a las afueras de Culiacán, donde se iba a encontrar con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, exalcalde de Culiacán. Según Zambada, el encuentro fue organizado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, con el propósito de mediar en conflictos entre los líderes políticos.
En la misiva, Zambada denunció el asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ocurrido durante el presunto encuentro en el sitio señalado. Estas declaraciones fueron rechazadas por Rubén Rocha, quien señaló que ese día se encontraba fuera del país.
Inicialmente, la Fiscalía General del Estado presentó la versión de que el homicidio fue consecuencia de un asalto, pero investigaciones posteriores realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) refutaron dicha explicación, otorgando mayor credibilidad a las afirmaciones hechas por Zambada.
En un comunicado, la FGR informó sobre los avances de la investigación y destacó que en la finca ubicada en la colonia Huertos del Pedregal, en Culiacán, se encontraron rastros hemáticos que, tras ser analizados por las unidades periciales federales, correspondían al exrector de la UAS. Los peritajes confirmaron que las evidencias de sangre coincidían con el momento en que el Ministerio Público Federal estableció que ocurrió el homicidio, el cual tuvo lugar varias horas antes de la difusión de un video de una gasolinera, que había sido compartido en medios locales y cuya autenticidad ya fue desestimada por la propia FGR.
Estos hallazgos ratifican las investigaciones ministeriales y policiales que identificaron presuntas responsabilidades penales y administrativas por parte de agentes de la policía, ministerios públicos, peritos, y otros empleados de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
El panorama no cambia: hoy los políticos utilizan el caso García Luna para deslindarse de responsabilidades o para continuar con el linchamiento político, pero las sospechas de colusión entre funcionarios de gobierno y miembros del crimen organizado continúan. Los miles de muertos provocados por las actividades del crimen organizado persisten, mientras el gobierno federal se debate entre el dilema de proteger a los suyos, como lo han hecho con Rocha o deciden combatir frontalmente a los involucrados o coludidos, con independencia del partido que provengan.
*Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C.
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