*IVÁN ARRAZOLA
Solo bastaron unos cuantos días para aprobar el modelo de seguridad que nos gobernará por los próximos 6 años, aunque posiblemente su permanencia se prolongue por más tiempo, sin que se avizore un cambio en la estrategia en el mediano plazo, el que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública en México, muestra el fracaso de la clase política en materia seguridad y condena a la ciudadanía a una estrategia en la que los derechos humanos no están garantizados.
Hoy la crisis en seguridad es evidente: los territorios en México viven la crudeza de la violencia, y los municipios están profundamente afectados. En este contexto llega la aprobación de la iniciativa para que la Guardia Nacional esté bajo el control de la Sedena, cerrando así un ciclo en el que, durante mucho tiempo se manejó la posibilidad de que el Ejército asumiera de manera provisional las funciones de seguridad. Inicialmente, el oficialismo planteaba que la Guardia Nacional estaría al frente de las labores de seguridad hasta el 2024, después se hizo una reforma y se prolongó su presencia hasta el 2028. Con la aprobación de la iniciativa las labores de la Guardia Nacional serán permanentes y estarán a cargo de la Sedena.
Hablando del impacto de la Guardia Nacional, se puede decir que ha sido limitado. Con una estrategia poco clara, sus labores se han centrado en acciones disuasivas y reactivas. En zonas de violencia, la Guardia Nacional interviene para disuadir a los grupos criminales, pero una vez que la violencia disminuye, se desplazan a otras áreas en crisis. Esto deja a los estados y municipios, con estructuras de seguridad débiles, incapaces de enfrentar la situación por sí mismos. Como resultado, problemas como las extorsiones y el cobro de derecho de piso se han incrementado en el país.
Las extorsiones han aumentado de manera alarmante en el país. Durante el actual sexenio, las carpetas de investigación han crecido un 45 % en comparación con el periodo anterior, según datos de la Coparmex y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Esto equivale a 31 casos de extorsión diarios. Sin embargo, debido a la naturaleza intimidatoria y peligrosa de los grupos criminales involucrados, solo se denuncian 4 de cada 100 delitos, por lo que la cifra negra es cercana al 96 %. El terror en las comunidades no se limita únicamente a las extorsiones; poblaciones enteras han sido desplazadas por la violencia, y sectores productivos clave, como el del limón y el aguacate, han denunciado los cobros ilegales que les exigen los grupos criminales para poder comercializar sus productos.
La justificación que las autoridades ofrecen para mantener la Guardia Nacional bajo control militar no solo es contradictoria, sino que también carece de suficiente evidencia para respaldar esta decisión. El presidente López Obrador argumenta que la Guardia Nacional debe estar en manos de militares para evitar que se corrompa, como ocurrió con la Policía Federal. Además, afirma que la Guardia Nacional no ha cometido masacres y que cuenta con un amplio apoyo popular. Sin embargo, el presidente parece no reconocer que el Estado mexicano ha perdido el control de vastos territorios. Delegar la seguridad pública al Ejército solo aumentará el riesgo de que las fuerzas castrenses no rindan cuentas por sus acciones, y que cualquier exceso sea juzgado por ellos mismos, de acuerdo con su normativa interna.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que la seguridad en México no se ha militarizado, argumentando que, como comandante y jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ella tiene el control. Sin embargo, este argumento es débil, ya que la administración pública tiene una estructura definida, en la que la presidenta delega funciones, dado que no puede supervisar directamente cada área de gobierno. Tanto la Corte Interamericana como diversos organismos defensores de derechos humanos han señalado que militarizar la seguridad pública no es la estrategia más adecuada para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. En un país con tanta violencia, la ciudadanía tiene que combatir dos frentes: los grupos criminales y fuerzas de seguridad que actúan sin ningún tipo de control civil.
En los próximos años, al evaluar el modelo de seguridad que se está imponiendo en el país, será fundamental analizar sus consecuencias más allá de las intenciones iniciales. Un modelo centralizado, opaco e incapaz de rendir cuentas no beneficia a México. Aunque el oficialismo insista en que el modelo funciona, y culpe a los adversarios y medios de resaltar solo los aspectos negativos, la realidad es que la ola de violencia y muerte es una responsabilidad compartida por todas las fuerzas políticas. Si las palabras bastaran para cambiar la realidad, sería suficiente; pero la estrategia omisa y fallida lamentablemente seguirá cobrando vidas.
- Analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
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