La caída de los Estados de Bienestar hacia el último tercio del siglo XX dejó en el abandono a buena parte de la población. El argumento central —entre quienes fungieron como críticos de la participación del Estado en la provisión de bienes y servicios— fue que el Estado debía fungir un nuevo rol centrado solamente en algunas regulaciones. Este cambio significó el detrimento de los servicios públicos y el crecimiento de las desigualdades sociales, sobre todo en tanto algunos grupos poblaciones estaban en posibilidad de costear servicios —llámese educación o salud, por mencionar algunos de los más importantes— y otros grupos no.
En el caso mexicano, aunque los servicios públicos de educación y salud siguieron presentes —a diferencia de países como Estados Unidos, en los que la participación privada desplazó a la pública— es cierto que la reducción del Estado devino en el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. A pesar de que el país contó, durante la primera década y media del siglo XXI, con un gran bono de recursos integrados a las finanzas públicas por la alta renta petrolera, la inversión en bienes y servicios para el bienestar de las personas fue nimio. Se contó con una política social centrada en los conceptos teóricos de la focalización, las transferencias monetarias directas y su condicionamiento.
Tras el fracaso rotundo del modelo económico neoclásico y la necesidad de reorganizar la participación del Estado en el desarrollo, se han gestado nuevas propuestas teóricas y de política pública. A propósito, destaca el texto de Mariana Mazzucato “El Estado emprendedor”, quien revaloriza el rol del Estado en las tareas de control de los mercados y actividades funcionales para el desarrollo y la atención a las necesidades de las personas. A esta nueva tendencia se suman los esfuerzas y la inventiva de los gobiernos progresistas y de izquierdas que han construida centrada en aliviar las preocupaciones, las necesidades y las demandas de las sociedades.
En un modelo de atención incremental de dichas necesidades para garantizar desarrollo y bienestar, los servicios de educación y salud son fundamentales. Sobre todo en contexto como el de México, en el que los hogares se enfrentan de la distribución de los ingresos y la educación representa una gran fracción. Además, en México los costos económicos por eventos imprevistos de salud son altísimos. Este contexto delinea dos necesidades de primer orden: la primera, contar con servicios públicos suficientes y de calidad para atender la demanda de atención a la salud y educación; la segunda es prever las dificultades económicas de los hogares para garantizar que las personas —sobre todo los niños, niñas y adolescentes (NNA) en etapas de educación básica— inicien, continúen y concluyan sus estudios.
En ese sentido, el contexto de desigualdad y pobreza determinan mucho de la vida educativa de los NNA. Los hogares de menores ingresos acuden a las escuelas públicas, pero siguen sosteniendo dificultades estructurales para tener mejores registros en términos de: aprendizaje, absorción educativa, continuidad, egreso y no deserción. Por ello, el anuncio de la “Beca Rita Cetina” para todas y todos los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas (anunciada por la Presidenta Sheinbaum) es una buena estrategia pública para lograr menor deserción, menor impacto/costo de la educación de NNA a la economía de los hogares y mayores probabilidades de movilidad social intergeneracional en el largo plazo.
La beca beneficia a estudiantes en lo individual y a los hogares en términos agregados. Es fundamental reconocer que el apoyo económico debe complementarse con la mejora continua de los servicios educativos. Si esto se logra, entonces la beca cumple con el doble propósito de incidir en la reducción de la pobreza y desigualdad, así como mejorar el servicio de la educación pública. Algunas proyecciones sugieren que el programa impactaría con mayor notoriedad y valor estadístico entre la población que se encuentra en situación de pobreza extrema por ingresos, ahí en valores porcentuales se proyecta una reducción de hasta 6.3%.
En el corto plazo se tendrá que evaluar y monitorear el proceso de implementación del programa para lograr que sus metas sean cumplidas. Es loable que, en medio de cambios y transformaciones se apueste —con tal magnitud— por la educación como función del Estado para potenciar el desarrollo y mejorar los resultados en el control y erradicación de la pobreza extrema en México. Es, a todas luces, un logro indudable.
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Es fundamental reconocer que el apoyo económico debe complementarse con la mejora continua de los servicios educativos.
