IVÁN ARRAZOLA
Parecía que todos estaban preparados sobre lo que sucedería en Venezuela el pasado domingo cuando se llevaron a cabo elecciones presidenciales. El oficialismo tenía claro el guion a seguir una vez que se cerraran las casillas, se proclamarían ganadores sin tener ninguna prueba de que así había sido, más allá de los dichos de los aliados del régimen y de un supuesto hackeo que no permitió reportar la información de manera oportuna.
En el caso de la oposición también era claro lo que tenían que hacer, organizarse en cada una de las casillas para obtener las actas y la prueba de su triunfo; la que no estaba preparada como ya se ha hecho costumbre, es la comunidad internacional, que ante el inminente fraude electoral cometido en Venezuela ha actuado de forma desarticulada.
Todo indica que el régimen venezolano nuevamente se saldrá con la suya, desde hace mucho tiempo el oficialismo se apropió de las instituciones que se encargan de organizar las elecciones y de hacer cumplir la ley. Sencillamente en Venezuela no había condiciones para que se pudiera llevar a cabo un proceso electoral independiente y limpio, no era posible cuando el régimen inhabilitó a la principal candidata opositora para participar en las elecciones, María Corina Machado, tampoco cuando el régimen no permitió que por lo menos cuatro millones de venezolanos que viven en el exilio pudieran votar.
Durante la jornada electoral, un resultado que cuando mucho debería de llevar un par de horas tenerlo listo ya que el proceso se celebra a través de urna electrónica, tardó casi seis horas en darse a conocer, con un escueto anuncio por parte de la autoridad en el que se señalaba que Maduro había ganado con el 51 por ciento de la votación sin aportar pruebas del triunfo.
De inmediato las posiciones en torno a la elección y a su resultado dividieron a la comunidad internacional, mientras países como Cuba, China, Irán, Nicaragua y Rusia, salieron a reconocer la victoria de Maduro, Estados Unidos y varios países de América Latina externaron su preocupación por la forma en la que se llevó a cabo el proceso y por la falta de pruebas sobre el resultado de la elección.
El día miércoles 31 de julio la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión urgente en la que solicitó a los países que pertenecen a dicho organismo exigir al gobierno de Maduro publicar todas las actas con el resultado de la elección presidencial. La resolución no obtuvo los 18 votos necesarios para que la OEA exigiera al gobierno de Venezuela la presentación de las actas. Algunos países como Brasil y Colombia se abstuvieron y otros no se hicieron presentes como fue el caso de México.
La posición que más llamó la atención fue la de tres países que ideológicamente se identifican con el régimen venezolano: Brasil, Colombia y México, que pidieron al gobierno de Nicolás Maduro, negociar con el candidato opositor Edmundo González, haciendo a un lado a la líder de oposición, María Corina Manchado, quien ha encabezado el movimiento opositor y que fue inhabilitada por el régimen de Maduro para participar en la elección presidencial de 2024.
Lo que han pedido los tres países es que el chavismo muestre las actas de su supuesto triunfo y que se inicie una negociación entre Maduro y el líder opositor Edmundo González. Resulta complicado que se pueda llevar a cabo esta negociación cuando la asimetría de fuerzas entre los dos bandos es muy grande, el control del aparato de Estado por parte de Maduro hace muy complicado pensar, por ejemplo, en que se pudiera llevar a cabo nuevamente la elección, no con esas instituciones que carecen de imparcialidad. El segundo elemento es la base sobre la que podrían negociar, ante las evidencias de fraude, la única salida sería la salida del poder de Maduro, cosa que también parece complicada en este momento.
Por su parte el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, a través de un comunicado ha señalado que hay pruebas abrumadoras que demuestran que el candidato opositor logró la mayoría de los votos y se puede iniciar el proceso de transición en Venezuela. Por su parte, un bloque de siete países cuestionaron el triunfo de Maduro, exigieron una revisión de los resultados y solicitaron una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, dichas acciones fueron calificadas como actos injerencistas por el gobierno venezolano y expulsó al personal diplomático de dichos países: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. A pesar del escepticismo o rechazo de estos países sobre el resultado de la elección, no ha sido posible construir una estrategia conjunta que permita hacer frente a las acciones de Maduro.
Hasta este momento no se ha podido encontrar una salida negociada para el conflicto postelectoral en Venezuela, para el oficialismo, este parece ser el escenario ideal, ya que le permite ganar tiempo para posiblemente construir las pruebas de su supuesto triunfo, mientras tanto la población venezolana es la que sigue padeciendo las consecuencias de la inacción de la comunidad internacional, los fallecidos en las protestas y los detenidos son producto de un régimen represor que ha perdido legitimidad. Lamentablemente en el mundo cada vez son más comunes estas muestras de exceso de poder ante una comunidad internacional que no es capaz ni de actuar ni de resolver.
Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C
@ivarrcor @integridad_AC
