*IVÁN ARRAZOLA
Con la publicación del proyecto de Juan Luis González Alcántara, que busca declarar inconstitucional una parte de la Reforma Judicial, parece acercarse uno de los episodios más complicados en la historia de la República desde la instauración de la Constitución de 1917. En esencia, el proyecto plantea que el Poder Judicial, como guardián de la Constitución, tiene la responsabilidad de preservar los principios fundamentales que han dado forma al régimen constitucional, entre los cuales se incluyen la configuración de México como una república representativa, democrática y federal con una clara división de poderes.
La Reforma Judicial aprobada por el oficialismo atenta contra estos principios, por lo que el proyecto de González Alcántara propone que parte de dicha reforma sea declarada inconstitucional. Según el proyecto, no es admisible someter a votación popular la elección de jueces y magistrados, y considera ilegales los comités de evaluación establecidos bajo esta reforma.
Por otra parte, el ministro establece que la elección de los ministros de la Suprema Corte y de los magistrados del Tribunal Electoral podría mantenerse, dejando abierta esta posibilidad dentro del marco constitucional. Este proyecto sienta las bases para un debate crucial sobre los límites de la Reforma Judicial y la preservación de la autonomía e independencia del Poder Judicial, lo cual será determinante para el futuro de la República.
La discusión del proyecto se llevará a cabo este martes 5 de noviembre. Si parte de la Reforma Judicial es declarada inconstitucional, el Poder Legislativo estaría obligado a acatar la resolución y realizar los cambios necesarios de acuerdo a lo que decida la Corte.
En caso de que el Legislativo y la presidenta ignoren la resolución, y si ocho ministros de la Suprema Corte deciden aprobar el proyecto de González Alcántara, México se adentraría en un terreno sin precedentes: el desacato de dos de los tres Poderes de la Unión a un mandato judicial. Esto representaría una ruptura en el equilibrio de poderes que sustenta la república.
El exministro José Ramón Cosío ha planteado que, en un escenario de esta naturaleza, tanto los miembros del Poder Legislativo como la presidenta Sheinbaum podrían enfrentar la destitución de sus cargos por desobedecer una orden de la Suprema Corte. Sin embargo, aunque el Poder Judicial según sus atribuciones podría tomar esta medida, en este momento, carece de mecanismos para solicitar el uso de la fuerza pública en caso de que el Congreso y la presidencia se nieguen a acatar la orden.
Este conflicto entre la Suprema Corte, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ha colocado al país en una situación extremadamente delicada. Desde el principio, la postura del oficialismo ha sido que las reformas aprobadas por el Congreso por mayoría calificada no deberían ser sometidas a revisión por la Corte. Sin embargo, ocho ministros han señalado que, si los principios constitucionales están en riesgo, no solo pueden, sino deben intervenir para revisar y, si es necesario, revertir dichas decisiones.
Este choque de poderes plantea un desafío sin precedentes para la estabilidad del Estado de derecho en México y abre un debate crucial sobre los límites de la autoridad y el papel de la Corte en la defensa de la Constitución.
Lo que México enfrenta actualmente es parte de una dinámica en la que se están promoviendo una serie de reformas constitucionales orientadas a centralizar el poder y fortalecer al partido en el gobierno, que actualmente controla tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Este contexto plantea una preocupación fundamental: la posibilidad de que un poder se vea subordinado a la influencia de los otros dos, creando una falta de equilibrio entre las instituciones y dejando pocas salidas claras para contrarrestar esta concentración de poder.
Este conflicto en torno a la Constitución trae consigo el riesgo de que dichas reformas debiliten la autoridad de la Constitución misma, erosionando el respeto a la legalidad y al Estado de derecho. La crisis constitucional que se vislumbra cuestiona la capacidad de las instituciones para garantizar la independencia de poderes y la fortaleza de los mecanismos de control.
Además, la falta de alternativas claras para resolver esta crisis pone en duda la posibilidad de mantener un orden constitucional sólido. Las reformas impulsadas parecen responder más a intereses políticos inmediatos que a un compromiso con la legalidad y la justicia en un país donde los niveles de impunidad son alarmantemente altos. Por el bien del país y el futuro de las reformas en curso, sería conveniente que los poderes de la Unión se reunieran para dialogar y encontrar canales que permitan resolver la crisis inminente. De lo contrario, esta incertidumbre podría impactar negativamente a una nación en que las autoridades tienen la obligación de preservar el Estado de derecho y fortalecer la justicia, también necesitan ofrecer certeza a sus socios comerciales, quienes exigirán reglas claras y estabilidad jurídica.
- Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C @ivarrcor @integridad_AC