La discusión sobre el aborto en las legislaturas a lo largo del tiempo en Tlaxcala, incluso entre la sociedad, ha sido respecto de estar a favor o en contra del aborto, siendo la falta de conocimiento sobre el tema lo que ha implicado la invisibilizacion y vulneración de los derechos humanos y respeto a la dignidad de las mujeres, optando las autoridades por omitir lo establecido en los marcos jurídicos y lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo una situación gravísima que tiene un impacto social y sobre los cuerpos y vidas de las mujeres, aun cuando la corte ha dicho que: “Las disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación”.
Desde el año pasado (2023) la Primera Sala de la SCJN concluyó que: “Las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir, la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio”.
De lo anterior, es inconcebible que ha pasado un año del precedente de la SCJN y en el estado de Tlaxcala no se ha legislado respecto de la despenalización del aborto y, por el contrario, se sigue percibiendo al aborto como un delito (a pesar de la existencia de causales) y a la mujer como responsable (desdibujando los deberes y obligaciones del estado), pues debe tenerse claro que “no es lo mismo legalizar el aborto que despenalizarlo”, de ahí que la Marea Verde en América Latina tenga como exigencia la despenalización del aborto basado en el argumento del respeto a los derechos humanos y dignidad de las mujeres, tal como en el ámbito internacional de protección de los derechos humanos se ha señalado en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General Nº 24, Artículo 12, La Mujer y la Salud: “Los Estados parte deben en particular: Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual para reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad, mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, deben enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”.
Es así como el pasado 15 de julio desde Tlaxcala presenciamos el avance sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas por parte del estado vecino Puebla, al formar parte de los estados que ya cuentan con normas garantes del derecho a decidir y acatado la decisión de la SCJN, sobre la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto, como Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes y Chihuahua.
¿Y en Tlaxcala para cuándo se garantizará el derecho a decidir? Pues resulta relevante mencionar que el derecho a decidir otorga dignidad a las mujeres, siendo la base de los derechos humanos, teniendo el Estado deberes y obligaciones para garantizar el acceso a sus derechos y, hasta el día de hoy, en Tlaxcala la materia de la despenalización del aborto sigue siendo un pendiente urgente.
*Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
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