- IVÁN ARRAZOLA
El gobierno de Claudia Sheinbaum continúa impulsando cambios en las Secretarías, y uno de los anuncios más destacados fue la creación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, cuyo objetivo es fortalecer los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Bajo la dirección de Raquel Buenrostro, la nueva dependencia busca adoptar un enfoque preventivo más que correctivo, una visión que se alinea con la prioridad del gobierno de evitar que los actos de corrupción se produzcan desde su origen.
En palabras de Buenrostro: “Queremos evitar que se cometan los actos de corrupción, porque esto nos va a liberar muchos recursos, no solo sancionar, sino evitar que se realicen”. Esta filosofía refleja un cambio en la estrategia anticorrupción, orientada a blindar programas prioritarios desde el inicio, como las obras públicas, además de fortalecer la enseñanza de ética e integridad entre los servidores públicos y modernizar la administración pública para reducir las oportunidades de corrupción.
El diseño de esta nueva secretaría se basa en tres pilares fundamentales: cero lujos, menos burocracia y más eficiencia. Buenrostro subrayó que esta dependencia fue renombrada por sugerencia de la presidenta, buscando reflejar mejor su misión integral. Su carácter transversal permitirá que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno influya en todos los niveles de la administración pública —federal, estatal y municipal—, trabajando de cerca con la sociedad, los servidores públicos y el sector privado. Además, se incentivará a la ciudadanía a denunciar prácticas corruptas con mayor confianza.
Una de las ventajas más significativas de esta nueva Secretaría, según la funcionaria, es su amplio alcance normativo y de supervisión, lo que le permitirá colaborar con otras dependencias del gobierno para asegurar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Buenrostro enfatizó que la Secretaría no sólo supervisará, sino que también participará activamente en la implementación de políticas públicas, desde su diseño hasta su ejecución.
En cuanto a los objetivos fundamentales, Buenrostro destacó que uno de los primeros retos será dignificar la carrera del servidor público, promoviendo una visión del servicio público como una vocación y una mística. “No hay mayor satisfacción que hacer cosas para beneficio de los demás”, afirmó. Para lograrlo, se pondrá un énfasis en la capacitación ética y técnica de los empleados públicos, de modo que puedan cumplir con las metas de manera efectiva y sin desfalcos. Asimismo, los Órganos Internos de Control tendrán la responsabilidad de enfocarse en las áreas de mayor impacto, asegurando que las acciones preventivas y correctivas se concentren donde más se necesitan.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan las administraciones públicas en todos los niveles de gobierno en México es la lucha contra la corrupción. A pesar de los esfuerzos realizados por la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP), su incapacidad para actuar con la contundencia necesaria ha quedado evidenciada en varios casos emblemáticos. Ejemplos como el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto y los contratos relacionados con el Tren Maya que involucraban a personas cercanas a los hijos del expresidente López Obrador, no pudieron ser esclarecidos a fondo debido a las limitaciones de dicha dependencia para llevar a cabo investigaciones profundas y efectivas.
La falta de independencia de organismos como la SFP ha sido uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción. Para poder sancionar de manera efectiva los actos corruptos, es fundamental contar con instituciones independientes, completamente desvinculadas del poder político. Estas instituciones deben tener la capacidad de investigar sin las restricciones que suelen imponer las Secretarías de Estado, las cuales muchas veces están limitadas por intereses políticos que les impiden actuar con plena autonomía. Sin esta independencia, cualquier esfuerzo para combatir la corrupción se verá limitado y, en muchos casos, ineficaz.
Aunque esta Secretaría busca abordar un problema endémico en nuestro país, es fundamental que su trabajo se base en un diagnóstico preciso sobre la corrupción en México.
Si el compromiso es auténtico, su enfoque no debe limitarse únicamente a la prevención, sino que también debe centrarse en la sanción efectiva de los casos de corrupción, tanto de la administración actual como de aquellos que ocurrieron en sexenios anteriores. Es preocupante que, en las conferencias matutinas durante el sexenio anterior, muchos de estos casos hayan sido desestimados con un simple “son calumnias” o atribuidos a ataques de adversarios, sin que se realizaran investigaciones exhaustivas.
Para que cualquier estrategia anticorrupción sea efectiva, debe quedar claro que no puede haber espacio para la impunidad. Es indispensable que las instituciones responsables actúen con independencia y firmeza, investigando y sancionando de manera imparcial todos los casos de corrupción, independientemente de quiénes estén involucrados. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana y construir un sistema que realmente combata este mal estructural.
- Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C.
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