Con el inicio de la actual administración estatal arrancó también un proceso de reingeniería al interior del Poder Ejecutivo.

Al comenzar el sexenio, el gobierno entrante contó con una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública aprobada por la legislatura saliente, mediante la cual se crearon y actualizaron diversas dependencias que hoy forman parte de la estructura del Ejecutivo estatal. Y en sintonía con ello, la nueva administración implementó un Programa Integral de Reingeniería de la Administración Pública para avanzar en el proceso de modernización de las estructuras organizacionales de este poder.

El mismo Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 estableció en su diagnóstico inicial que la administración pública estatal venía operando en escenarios de obsolescencia, lo que advirtió la necesidad de promover cambios en ésta para que estuviera a la altura de las nuevas circunstancias sociales y responder mejor a las demandas ciudadanas.

Así, la apuesta sexenal se fijó en la actualización del servicio público, con una ética renovada, para garantizar la integridad y sensibilidad social del gobierno, así como su profesionalización y modernización.

Resulta importante considerar estos antecedentes para observar y reconocer que, desde el Poder Ejecutivo, hay una línea de acción enfocada a poner orden al interior de las instituciones gubernamentales para satisfacer de modo más eficaz las necesidades de la sociedad tlaxcalteca.

En tal sentido, no es extraño anticipar que, en este sexenio, se cubrirán asignaturas pendientes que son relevantes para el desarrollo estatal, como la transición de la Procuraduría General de Justicia, actualmente dependiente del Poder Ejecutivo, a una Fiscalía autónoma.

Dentro del PED ya se había establecido el objetivo de reformar el sistema de procuración de justicia para alinearlo al sistema de corte oral adversarial vigente a nivel nacional, pues no es secreto que, a la fecha, Tlaxcala es una de las pocas entidades federativas que no cuenta con una Fiscalía General de Justicia dotada de autonomía constitucional, debido a que pasados gobiernos desatendieron disposiciones de la reforma constitucional, aprobada a nivel federal en 2014, para dar paso a la transformación sustancial de la procuración de justicia en México.

En la actual legislatura del Congreso del Estado se han formulado iniciativas tendientes a reestructurar el Ministerio Público para hacerlo compatible con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y para ello, se ha planteado, como se hizo esta misma semana ante el Pleno, erigirlo como un órgano constitucional autónomo, lo que implicaría un paso importante para cubrir una clara omisión legislativa y, con ello, comenzar a corregir además rezagos institucionales imputables a la falta de actualización de la normatividad aplicable.

El reconocimiento de la Secretaría de Gobierno (Segob) al interés de las y los diputados locales por consolidar el nuevo sistema de justicia penal en Tlaxcala, mediante la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de Justicia, indica la coincidencia de propósito de los poderes Ejecutivo y Legislativo por colaborar en una materia que es primordial para las y los tlaxcaltecas.

Confiemos en que estos trabajos puedan prosperar y que, en un marco de trabajo institucional y de respeto a la división de poderes, el proceso de modernización de las instituciones estatales avance en beneficio de Tlaxcala y, por supuesto, de su sistema de procuración de justicia.

La apuesta sexenal se fijó en la actualización del servicio público, con una ética renovada, para garantizar la integridad y sensibilidad social del gobierno, así como su profesionalización y modernización.