De cara al análisis del Paquete Económico 2025, resulta importante la comunicación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar que las instituciones del estado cuenten, el siguiente año, con los recursos necesarios para dar atención adecuada a las principales demandas de la población tlaxcalteca.
Precisamente, esta semana, se celebró una mesa de trabajo entre diputados locales y funcionarios estatales para revisar parte del contenido del documento integrado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal, y fue positivo saber que una preocupación de ambos poderes es el recorte al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que afecta a las 32 entidades federativas del país.
Este tema es relevante, ya que se trata de los recursos para asegurar el funcionamiento del sistema estatal de salud y la calidad de servicios que se brindan a la población. Y, evidentemente, se trata de un asunto totalmente ajeno a Tlaxcala, pero que exige de sus autoridades responsabilidad y compromiso con la sociedad.
Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indica que el gasto federalizado proyectado para 2025, es decir, los recursos que el Gobierno federal transferirá a los estados y municipios, enfrentará una reducción real del 1.2 % respecto a 2024.
El estudio muestra que, aunque las participaciones crecerán un 1.8%, las aportaciones, que son recursos etiquetados para objetivos específicos de servicios, programas y obras, disminuirán un 4.6 %, y destaca, justamente, el recorte del 42.5 % en el FASSA, lo que significará menos recursos para los estados del país en materia de salud.
Por eso, en medio de un contexto económico desafiante, es indispensable que los poderes Ejecutivo y Legislativo acuerden alternativas que mitiguen los efectos de los ajustes a nivel federal en las finanzas públicas estatales.
Ya la gobernadora, a través del secretario de Finanzas, planteó la posibilidad de hacer una reasignación de al menos 354 millones de pesos para permitir al Gobierno estatal atender a este sector el siguiente año, y en respuesta, integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado reconocieron el interés de la titular del Poder Ejecutivo de anteponer la salud de los tlaxcaltecas en el presupuesto de 2025.
Sin duda, es fundamental que el gasto del siguiente año garantice el acceso equitativo a la atención básica de la salud, pero también propiciar las condiciones para que se aplique de la manera más eficiente. Por ese motivo se requiere un entendimiento entre las partes que priorice ese rubro que incide en la mejora de las condiciones de vida de las y los ciudadanos y sus familias.
Los eventuales ajustes presupuestarios para 2025 no solo son un acto de responsabilidad fiscal, sino un compromiso con uno de los derechos primordiales de las y los tlaxcaltecas. Y es tal el compromiso en este tenor que el propio Gobierno estatal propone formas de optimizar los recursos, a través de una reestructuración de gastos que implicarían ahorros para mantener un presupuesto saludable.
Esperemos que el diálogo entre poderes prevalezca rumbo a la aprobación del Paquete Económico 2025 a nivel estatal, así como la voluntad para establecer estrategias de buen gobierno que permitan la disponibilidad de recursos públicos para responder a las demandas de salud de la población.