Como se abordó en la pasada entrega de este espacio de opinión, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publicó los resultados del Índice de Paz México (IPM) 2024, la más reciente edición de la medición integral de la paz en el país. En uno de sus apartados, correspondiente a la situación de la violencia política, se identifica una tendencia creciente de ésta en el país que coincide con un aumento en el clima de polarización política.
Esto se debe, de acuerdo con el estudio, a que ha habido una división gradual en el panorama político a lo largo de las líneas partidistas, lo que, sumado a factores históricos que alimentan la polarización, propician ciclos electorales polémicos, como queda de manifiesto en los entornos mediáticos a los que la ciudadanía en general queda expuesta. El análisis indica que, con base en investigaciones, la fragmentación política también exacerbar la violencia y socavar los esfuerzos que, desde otros ámbitos, se emprenden por consolidar la paz.
“Los estados más polarizados, donde existen marcadas divisiones entre ideologías políticas rivales, tienden a tener instituciones más débiles y una menor cohesión social. En cambio, las sociedades que pueden mantener un mayor grado de cohesión social y política están mejor equipadas para contener la violencia y fomentar la paz”, refiere el IMP 2024.
En este sentido, vale la pena advertir que Tlaxcala, además de ser uno de los estados más pacíficos de México, es también uno de los que menos eventos de violencia política han registrado en el país en el periodo de 2018 a 2023. Y esto se debe, en buena medida, a que las instituciones gubernamentales han buscado mantener relaciones interinstitucionales sanas con entes y actores que inciden directamente en el desarrollo de los procesos electorales.
En la actual administración estatal, se han emitido acuerdos importantes, en coordinación con las autoridades electorales, para favorecer que las elecciones se lleven a cabo con seguridad, como el Protocolo de Actuación para la Protección de Candidatos en el Proceso Electoral. También, está el Protocolo Estatal para Blindaje Electoral 2024, con el que el gobierno estatal garantiza el adecuado manejo de los recursos públicos durante el periodo de campañas para no incidir en la contienda entre partidos.
A estos esfuerzos se puede añadir el Acuerdo por la Paz, el Bien Común y la Cultura, apoyado por algunos institutos políticos con el respaldo de representantes de la Diócesis de Tlaxcala, para favorecer un proceso electoral pacífico.
Y estos instrumentos constituyen antecedentes que demuestran que, desde el ámbito institucional, se han promovido condiciones para que la civilidad política prevalezca frente a la división y la polarización políticas, a fin de inhibir expresiones de violencia que puedan afectar las posibilidades de elecciones libres y democráticas.
Bajo este panorama, corresponde a las y los candidatos, y a sus institutos políticos, la realización de campañas responsables que animen a la participación de la ciudadanía, porque urgen más propuestas de solución a los problemas sociales, y más respuestas a los desafíos inherentes a los cambios en nuestra sociedad.
Lamentablemente, lo que abunda son los apasionamientos que distorsionan la dimensión de tales problemas y desafíos, y sobresalen las críticas que no tienen más fundamento que puntos de vista limitados por una pobre formación profesional. Incluso, muchas denuncias forman parte de estrategias de equipos de campaña para ganar foco mediático, y no medios legítimos para combatir supuestas violaciones legales.
Si candidatas, candidatos y partidos no asumen con madurez la competencia democrática, el riesgo de que los escenarios de violencia política se hagan presenten pueden ser más altos.
Finalmente, los llamados de las autoridades y las instituciones a emprender campañas propositivas no pueden sustituir la voluntad de quienes participan como aspirantes a los cargos de elección popular. En sus manos queda, en buena medida, la concreción de campañas que animen a la reflexión ciudadana, pero también a la unidad y la cohesión sociales, indispensables para contener la violencia política que ellos mismos denuncian.
