El miércoles de la semana pasada la titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros encabezó los trabajos del Primer Congreso Nacional de Unidades de Antilavado de Dinero en México, donde participaron 27 titulares de Unidades de Inteligencia provenientes de diversas entidades de la República.
Sin lugar a duda, el encuentro permitió a los participantes compartir conocimientos y experiencias de gran relevancia para evitar el lavado de dinero y por ende la corrupción.
La prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) es uno de los objetivos de la más alta prioridad no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional. La prevención y el combate a esta actividad no puede realizarse eficazmente si no se asume su naturaleza, pues debemos entender que estos fenómenos no conocen fronteras de ningún tipo, ya sean políticas, geográficas o legislativas.
El término lavado de dinero, aunque es de uso común en los medios de comunicación, es un concepto complejo, desde el punto de vista jurídico. El lavado de dinero tiene como finalidad ocultar o disimular a sabiendas el origen ilícito de un bien, a través de diferentes acciones, tales como convertir, transferir, adquirir, enajenar, administrar, entre otras conductas.
Por ello, durante el encuentro, la gobernadora del estado recordó la reciente reforma aprobada a la Ley para Administración y Destino de Bienes Asegurados aprobada en el mes de febrero y la cual dio vida al Instituto Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo robado, órgano descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Y es que, para el gobierno estatal, proteger el sistema financiero y con ello la economía local y nacional, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita es imprescindible.
Esta ardua tarea se lleva a cabo a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Es necesario señalar que sólo mediante el esfuerzo conjunto entre los niveles de gobierno, la coordinación con la sociedad en general y el involucramiento de todos los sectores potencialmente afectados, es como se podrá combatir de manera significativa todas las actividades que involucran el lavado de dinero.