La extinción del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD) ha sido motivo de posicionamientos claramente superficiales.
Por una parte, se pasa por alto que dicha extinción es consecuencia de un proceso legislativo y administrativo iniciado en 2021. Es decir, las recientes reformas a la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala obedecen al cumplimiento de las determinaciones tomadas ese año.
Estas determinaciones, en esencia, corresponden al inicio de un amplio y gradual proceso de reingeniería administrativa enfocado a eliminar la duplicidad de funciones entre dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con el principal propósito de hacer más eficiente y racionalizar el ejercicio del gasto público.
Hay que recordar que, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se crearon nuevas dependencias y se fusionaron otras, en sintonía con un proyecto de gobierno que incorporó criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.
Este es el contexto en el que surge la Secretaría de Bienestar del Estado, como ente responsable de conducir la política de desarrollo social en la entidad, pero también el momento en que, tras el debido diagnóstico, se decide trasferir las facultades del ITPCD a esta dependencia, porque legalmente tiene a su cargo la atención de grupos vulnerables.
Ahora, a unos días de que inicien las campañas electorales en el ámbito local, curiosamente, ha surgido un interés por reivindicar una institución que, desde 2022, dejó de recibir presupuesto y, por lo tanto, había dejado de funcionar.
En todo este tiempo no hubo pronunciamientos públicos como los que están haciendo personajes que, aunque salen en supuesta defensa de los derechos de este sector, participan en el proceso electoral.
Por eso es importante no confundirse: la “desaparición” del ITPCD no significa que desaparece la atención a las personas con discapacidad, porque actualmente, el gobierno estatal, a través de Bienestar y del propio DIF Estatal, responde a sus necesidades.
Tampoco se invisibiliza la discapacidad, cuando se hace visible el bienestar para los más desprotegidos. Aquí hay algunos datos que muestran que no hay simulación: se aplicaron 188 millones de pesos para que las personas con discapacidad permanente de entre 29 y 64 años cuenten con una pensión económica de casi 3 mil pesos bimestrales; se han realizado más de 380 mil acciones de consultas, diagnósticos y terapias físicas a este sector; se equipó el 75% de las Unidades Básicas de Rehabilitación en todo el estado, se cuenta ya con un Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad que ofrece talleres para su inclusión a la vida productiva, y Tlaxcala pasó del último al segundo lugar nacional en otorgamiento de ayudas funcionales a personas con discapacidad.
Además, la inclusión y la atención a favor de las personas con discapacidad no la hace una sola dependencia, ni tampoco corresponde a un solo nivel de gobierno.
Los políticos inconformes con la extinción del ITPCD no ponen el dedo en las omisiones en que incurren los municipios en esta materia, y en los hechos no conocen el trabajo que están llevando a cabo las actuales autoridades estatales en este rubro. En pocas palabras, hacen evidente que actúan desde la ignorancia, con prejuicios, y con una marcada consigna política.
Es claro que las políticas gubernamentales se van transformando, y con ello, las instituciones. No son perpetuas; se adaptan a las circunstancias sociales. Y eso pasó con el ITPCD: cumplió su ciclo, sin que ello haya limitado la respuesta a las personas con discapacidad.
