Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha relevante para hacer un balance a cerca de los esfuerzos desarrollados para avanzar en la erradicación de este problema extendido en muchos países, incluidos los más avanzados.

Como lo establece la ONU, los gobiernos tienen una marcada responsabilidad en la atención de aquellas situaciones que perpetúan la violencia de género, que van desde la visibilidad del fenómeno hasta la creación de marcos normativos y el desarrollo de estrategias específicas para prevenirla, atenderla y sancionarla.

En 25 años de conmemoración, se han logrado avances en diversos ámbitos de cara al desafío de consolidar un cambio cultural que garantice, no solamente la protección de las mujeres, sino también condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

Actualmente, las condiciones sociales y políticas permiten anticipar que habrá más cambios enfocados a su empoderamiento. En junio pasado, México eligió por una presidenta por primera vez en su historia, y este logro histórico vino acompañado por el mayor número de gobernadoras en el país: 13 al cierre de este año; al igual que un creciente número de legisladoras, tanto federales como locales, así como mayor presencia de mujeres en los gobiernos locales.

Esta realidad expresa un reconocimiento al rol de la mujer en la construcción de soluciones sociales, y su participación activa, en condiciones de más autonomía, favorece escenarios fundamentales para romper el ciclo de la violencia que las afecta.

En Tlaxcala, durante el gobierno de Lorena Cuéllar, las acciones a favor de las mujeres han tenido como hilo conductor una premisa: invertir en las mujeres para beneficiar a sus familias, y con ello a sus comunidades, cimentando la posibilidad de un estado más igualitario. Así, en los últimos tres años, se ha emprendido un trabajo centrado en la implementación de políticas que respondan a las necesidades reales de las mujeres.

Por ello, el 65 % de los programas a cargo de las dependencias estatales está dirigidos a la mujer, lo que se ha traducido en una amplia gama de apoyos gubernamentales como asesorías legales y psicológicas, paquetes alimentarios, medicamentos, terapias y servicios de salud especializados, viviendas y equipamiento para sus hogares, capacitación laboral, becas, financiamientos, créditos y subsidios, entre otros.

El presupuesto se ha convertido ahora en una herramienta clave para abatir condiciones de pobreza y romper patrones de dependencia económica vinculadas con la desigualdad y la violencia de género. Pero al mismo tiempo, se han hecho esfuerzos institucionales para romper con viejas inercias que favorecían la impunidad, a fin de brindar justicia a las víctimas de violencia. Por ejemplo, el actual gobierno estatal es el primero en implementar una estrategia educativa integral para la prevención y combate de la trata de personas, y en lograr la más amplia cobertura de refugios y servicios para víctimas de violencia.

Asimismo, la labor de procuración de justicia ha venido atendiendo el rezago de expedientes heredados con un creciente número de sentencias condenatorias por delitos graves como feminicidio, homicidio doloso y trata de personas, mismas que han sido notablemente superiores a las de pasados gobiernos. Vale recordar que, a partir de esta administración, todos los homicidios contra las mujeres en la entidad se atienden con perspectiva de género.

Y las estadísticas del gobierno federal muestran que Tlaxcala es una de las entidades federativas con menor número de delitos contra las mujeres. En feminicidio, se coloca en el lugar 27 a nivel nacional; en homicidio doloso de mujeres, en la posición 25; y en violación, lesiones dolosas y violencia familiar, en el sitio 32, lo cual, más allá de pretender minimizar o negar el fenómeno de la violencia contra la mujer, advierte la importancia de intensificar los esfuerzos para reducir aún más la incidencia.

Evidentemente, la violencia de género está vinculada con una desigualdad estructural que requiere de los tres órdenes de gobierno un compromiso absoluto, y de la ciudadanía, su participación permanente, porque autoridades y sociedad están llamados a incidir en la transformación de las estructuras que reproducen la violencia.

Es vital que los sectores públicos y privados sigan trabajando de manera conjunta y colaborativa para que el 25 de noviembre no sea únicamente una fecha conmemorativa, sino el testimonio de que siguen adelante, juntos, en la lucha por garantizar un futuro sin violencia para todas las mujeres.