A partir de este jueves 1 de agosto entró en funciones la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), un órgano dotado de autonomía Constitucional para llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos de su competencia, a través del Ministerio Público.
Este acontecimiento es histórico porque la trasformación de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia en Fiscalía va más allá de un mero cambio de denominación: su objetivo es lograr un cambio profundo en las funciones que desempeña el Ministerio Público en la investigación de los delitos, en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.
Y al formalizarse el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, Tlaxcala atiende la omisión legislativa que rezagó por varios años la reestructuración del Ministerio Público, planteada ya desde la reforma al Artículo 102 de la Constitución federal publicada en febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en sintonía con el entonces nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Recordemos que, derivado de esta enmienda constitucional, en diciembre de 2018 se publicó el Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que, en el ámbito federal, dio paso a la creación de un nuevo órgano constitucional autónomo que reemplazó a la Procuraduría General de la República (PGR), acontecimiento que marcó posteriores reformas para establecer modelos homologados en las entidades federativas, lo que significó a su vez la creación de Fiscalías autónomas para dejar atrás un anquilosado modelo de Procuradurías estatales.
En Tlaxcala, esta reforma logró el consenso, no solamente de las bancadas y grupos parlamentarios en el Congreso local, sino también entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, pues a mediados de marzo pasado se modificó la Constitución local para dar paso a la FGJE, y por iniciativa de la gobernadora Lorena Cuéllar se expidió la Ley Orgánica de este ente autónomo a finales de junio.
Con tales antecedentes, se inició el proceso para designar a la persona titular de la Fiscalía, decisión que, por mayoría absoluta de las y los legisladores locales, recayó en Ernestina Carro Roldán, a partir de la terna presentada por la mandataria estatal.
Ahora, a la nueva FGJE tocará jugar un rol importante en el sistema jurídico estatal, principalmente para acrecentar la credibilidad del Ministerio Público, pues ya no estará supeditado administrativa ni jerárquicamente al Poder Ejecutivo, al gozar de autonomía para perseguir los delitos del orden estatal, siendo esta una pieza fundamental en la ejecución de la estrategia estatal de seguridad y procuración de justicia.
Dicha autonomía, sin embargo, no debe entenderse como separación, sino como una condición para el trabajo coordinado y colaborativo con las autoridades de los tres niveles de gobierno, respondiendo así a las recomendaciones de organismos internacionales para que el nuevo sistema de justicia penal de corte oral adversarial funcione con certeza en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.
Además, debe asumirse con mesura, ya que el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía será paulatino, al implicar a su vez diversos procedimientos administrativos, operativos y reglamentarios para transformar su estructura. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Hidalgo, donde los trabajos de transición no pudieron lograrse en los dos años establecidos en su legislación, por lo que, al vencerse ese plazo en junio de este año, su Congreso tuvo que aprobar una prórroga que vence en febrero de 2025.
En Tlaxcala no hay un plazo fijo para concretar la transformación, pero el gobierno estatal ha manifestado ya su interés por apoyar institucionalmente al nuevo ente para que cumpla con sus funciones, dada su relevante función en las acciones para lograr que Tlaxcala se mantenga como el estado con la menor incidencia delictiva del país.
No puede perderse de vista, por ejemplo, que la nueva FGJE contará con Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, en Personas Desaparecidas y No Localizadas; en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en el Combate al Secuestro, en Feminicidio; y en Investigación y Combate al delito de Robo de Vehículos y relacionados con la Seguridad Vial, lo que habla de un trabajo intenso, pero a la vez estratégico, para modernizar la organización, estructura y funcionamiento del Ministerio Público estatal.
Bajo este panorama, justo es decir que Tlaxcala avanza en la transformación de sus instituciones para que éstas les sirvan a las y los ciudadanos, y respondan de modo más efectivo a las expectativas de una sociedad que esperaba cambios de fondo como el que está sucediendo en la procuración de justicia.
A la nueva FGJE tocará jugar un rol importante en el sistema jurídico estatal, principalmente para acrecentar la credibilidad del Ministerio Público, pues ya no estará supeditado administrativa ni jerárquicamente al Poder Ejecutivo, al gozar de autonomía para perseguir los delitos del orden estatal...
