En una sociedad, las normas tienen un propósito: organizar las actividades de todos sus miembros.
Son las reglas que garantizan la participación equitativa de todos, al establecer lo que está o no permitido. Por eso son necesarias: para mejorar la organización social y facilitar la convivencia de las personas.
Sin normas que ayuden a poner orden en las actividades en que todos participamos en los diversos contextos sociales, ¿cómo podríamos sentirnos protegidos o lograríamos una convivencia armoniosa?
Las normas justas, entendidas como aquellas que no dañan a las personas o a sus derechos, deben conocerse y respetarse para que cumplan su objetivo de ofrecer a todos un piso parejo, tanto para asegurar derechos como para cumplir obligaciones. De este modo, brindan un marco de referencia para tener empatía con nuestros semejantes, a partir de la idea del respeto a los derechos del otro, y de las consecuencias que puede tener su incumplimiento.
Así, en un contexto en el que todos queremos que se tome en cuenta nuestra opinión, que se respeten nuestros derechos y que haya consecuencias para quienes rompan las reglas, la razón de ser de las normas es que se cumplan, para posibilitar, en esencia, una de las máximas morales más conocidas: no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
Esta reflexión es importante para reconocer que, incluso en una situación de manifestación o protesta social, debe haber lineamientos para refrendar los derechos humanos de las personas que participen directa o indirectamente en ésta, y para mantener el orden público y la paz social, porque en un escenario de violencia que ponga en riesgo la vida o la integridad de manifestantes, así como de terceras personas, es evidente que las autoridades están obligadas a realizar acciones para prevenir, atender y evitar estos hechos.
Que Tlaxcala cuente, desde hace un año, con un Protocolo de Actuación Policial para la Seguridad y Atención de Manifestaciones en Pro de los Derechos de las Personas, es una condición que abona a la protección de las personas que quieran ejercer su libertad de expresión y de reunión para conmemorar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque establece mecanismos para fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad para respetar el ejercicio de derechos en contextos de manifestaciones, particularmente respecto al uso de la fuerza pública.
La actuación e intervención de los elementos de seguridad deberá respetar el derecho de libre manifestación y de libertad de expresión, lo que significa facilitar el desarrollo ordenado de una eventual manifestación. Esto explica por qué el documento contempla la implementación de estrategias de control y seguridad vial dentro de los recorridos de las manifestaciones, consistentes en acompañamiento a los manifestantes, cortes de circulación y trazabilidad de rutas alternas para el tránsito vehicular, junto con medidas de protección para bienes e instalaciones del dominio público, propiedad privada y bienes históricos considerados patrimonio cultural de la humanidad.
Sin embargo, en caso de protesta, la aplicación del protocolo es claro también al subrayar que se recurrirá al dialogo como forma de atención a los inconformes y principal mecanismo de solución de conflicto, dejando como último recurso el uso de la fuerza de manera progresiva. Y en este punto, es relevante subrayar que queda proscrito el uso de armas letales, porque los elementos que atiendan estos movimientos tendrán que únicamente equipo antimotines y de protección personal.
Los tlaxcaltecas deben tener la certeza que la observancia obligatoria del protocolo, por parte del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, favorece las condiciones de seguridad pública y ciudadana, pues bajo estas reglas queda determinada la actuación del personal operativo de seguridad en contextos de manifestación o protesta, al igual que las funciones policiales, con estricto apego a derecho.
