La administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se ha caracterizado por ser municipalista. No se recuerda un gobierno como el actual en el que se haya dado tanto respaldo al poder local, a los municipios, la autoridad más próxima al ciudadano.
En las políticas prioritarias de la actual administración, como son las de seguridad pública y desarrollo social, se identifican estrechos vínculos de colaboración con los ayuntamientos, que han sido ampliamente beneficiados con obras, programas y acciones con significativo impacto social.
En seguridad, más allá de la entrega de uniformes y patrullas, el gobierno estatal ha promovido la capacitación y certificación de quienes integran estas áreas en los municipios.
Además, se ha hecho un esfuerzo sin precedentes para dotarlos de tecnología con los C2, y la meta es que, antes de que culmine el sexenio, los 60 municipios cuenten con uno conectado al C5i, para asegurar la cobertura total de videovigilancia en el territorio estatal.
En desarrollo social, se ha facilitado el acceso a las comunas a los programas estatales de bienestar, a fin de atender los rezagos de la población, especialmente la de menos ingresos y la que habita en zonas marginadas.
Y gracias a otros programas, como Peso a Peso, los municipios han mejorado sus presupuestos para financiar obras de mayor magnitud, lo que ha permitido ampliar la cobertura de servicios básicos y mejorar la urbanización en las comunidades.
Es así que la recién aprobada reforma a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios ratifica esa visión de fortalecimiento institucional que beneficia a los municipios con el propósito de servir de manera directa a la población tlaxcalteca.
El financiamiento de proyectos, a través de deuda pública activa, es una palanca para el desarrollo económico y social que ahora se pone al alcance de las autoridades municipales, pero en condiciones más claras, con mecanismos que garantizan que se use de manera disciplinada y productiva.
La intención es que los ayuntamientos puedan contratar créditos para cumplir con la atención de las demandas sociales, pero no a niveles insostenibles que puedan perjudicar el crecimiento municipal.
La reforma propuesta por la gobernadora contó con el apoyo del Congreso del Estado porque se justificó que el financiamiento vía deuda es una alternativa para incrementar la capacidad de los municipios para atender necesidades públicas prioritarias.
Y es necesario subrayar que es una alternativa, porque las y los presidentes municipales pueden optar por adoptar un esquema como el que la propia gobernadora ha aplicado, que consiste en medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, para generar ahorros que se destinan a obras y programas de impacto social.
Este esquema incluye también el combate a prácticas de corrupción, y gracias a su efectividad es que cuenta con la percepción favorable del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha puesto de ejemplo a Tlaxcala por ser el único estado del país con cero deuda, sin que ello haya impedido a la gobernadora Lorena Cuéllar emprender grandes obras que hoy están al servicio de los tlaxcaltecas.
Por todo lo anterior, queda claro que la reforma a la Ley de Deuda brinda la posibilidad a los gobiernos locales para acceder a una fuente de financiamiento que les permita potenciar la inversión en obras productivas y el mejoramiento de los servicios públicos.
Con los apoyos y herramientas que el actual gobierno ha puesto a su alcance, los municipios no tienen excusas para responder a las expectativas de los ciudadanos, que esperan cambios que contribuyan al bienestar de sus familias en sus localidades.
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