Este jueves, el Congreso local recibió la iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo para abrogar la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado.
La propuesta merece un análisis importante, dadas sus implicaciones políticas y administrativas. Por principio de cuentas, se debe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa norma, debido a que regula cuestiones en las que el Congreso del Estado carece de competencia.
Tras la debida revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley, publicada en febrero de 2023, entre ellas, la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tlaxcalteca Para Devolver al Pueblo lo Robado (ITDPR).
En su análisis, los ministros recordaron que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, expedida por el Congreso de la Unión, posee competencias relativas a la administración, enajenación y destino de los bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales, por lo que la norma local implicaba una doble regulación en esta misma materia.
Con estos antecedentes, se entiende que la gobernadora Lorena Cuéllar estudio la situación y decidió proponer a las y los diputados locales la abrogación de esta ley, pero con un sentido estratégico.
Las políticas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum apelan al fortalecimiento de la administración pública a través de los objetivos de modernización, eficiencia y justicia social, situación que motiva a las entidades federativas a crear una estructura gubernamental más alineada con las demandas de los ciudadanos.
Por ello, la extinción del ITDPR resulta conveniente desde el punto de vista de la economía estatal y del interés público, porque no hay que olvidar que el gobierno estatal, atendiendo la alineación de políticas del nuevo gobierno federal, creará la Secretaría de la Mujer, en enero de 2025, para favorecer las acciones en materia de igualdad de género, protección de los derechos humanos de las mujeres y fortalecimiento de su participación activa en todos los ámbitos sociales y económicos.
Es decir, la abrogación de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio permitirá reorientar y reorganizar recursos hacia la creación de esta nueva Secretaría, con lo cual se mejorará la estructura de la administración pública en su conjunto.
Ciertamente, la propuesta de la titular del Ejecutivo estatal corrige una situación observada por la Corte, pero le saca provecho al atender también las necesidades de reorganización y de modernización de la estructura administrativa estatal.
De este modo, no solamente se atienden las observaciones de origen expresadas por la CNDH, sino que el Gobierno del Estado optimiza la distribución de las funciones y competencias del aparato gubernamental para avanzar hacia un mejor funcionamiento, más acorde a los estándares nacionales.
Seguramente, la actual legislatura local habrá el análisis respectivo bajo criterios que resulta conveniente considerar de cara a la integración del paquete económico para el próximo año.
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