Hay problemas que se van acumulando y, ciertamente, nos acostumbramos a que su solución quede pendiente.

Nos sucede en el hogar, por ejemplo, cuando un grifo gotea. Pero tomamos acción cuando tenemos conciencia de las consecuencias, como el desperdicio de agua, a través del gota a gota.

En las administraciones estatales sucede lo mismo. Hay situaciones, especialmente en el ámbito de los servicios, a las que los ciudadanos se van acostumbrando, hasta que la autoridad toma nota y decide intervenir para actualizarlos y asegurar su adecuada regularización.

Un ejemplo claro es el de los servicios de grúas y de depósitos vehiculares, sobre el que no se tenía un adecuado control, y generaba espacios para la corrupción que afectaban los bolsillos de las personas.

Este tema ya que era motivo de preocupación para quienes sufrían un accidente automovilístico o debían recoger su unidad en un corralón, pues, en los hechos, los dueños de los vehículos eran nuevamente revictimizados por los cobros elevados derivados del arrastre de las grúas y de la permanencia en los depósitos.

Esa era la razón por la que, en muchos casos, debían renunciar a sus bienes, por la imposibilidad de cubrir los pagos excesivos de tales servicios.

Por todo ello, es importante la determinación del gobierno de Lorena Cuéllar de reglamentar los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento, depósito de vehículos y encierros oficiales, porque permite a Tlaxcala contar ahora con procedimientos transparentes y equitativos que legalizan estas acciones en apego a la ley.

Además, con la reciente entrega de 14 concesiones de grúas para arrastre y/o salvamento, y de 10 más para depósitos vehiculares, a diversas personas físicas y morales, su administración atiende un rezago de más de una década en este sector, lo que es digno de reconocerse.

Y el hecho de que las autoridades estatales hayan rechazado dos solicitudes de concesiones para estos servicios, habla precisamente del interés gubernamental por transparentar los procesos de asignación para asegurar que se cumplan todas las especificaciones y observaciones que establece la normatividad.

Hoy, los nuevos concesionarios están obligados a no abusar de sus clientes, y a dar servicios de calidad, con precios accesibles, los cuales, se estima, serán 40 por ciento más bajos que los establecidos a nivel federal.

Sin duda, acciones como ésta son las que le permiten a Tlaxcala avanzar en la atención de sus rezagos y en la modernización de sus servicios, lo que, en los hechos, es una medida efectiva para combatir la corrupción, que deteriora la confianza ciudadana, limita el crecimiento económico y retrasa el desarrollo social.