Esta semana se dieron a conocer dos noticias relevantes que indican el impacto de las políticas del actual gobierno.

La primera se relaciona con la incidencia delictiva, que se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas, en este caso, por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo de este año se reportaron 260 delitos en el estado, cifra similar a la del mes de abril, que se considera la más baja desde septiembre de 2021.

Y la segunda tiene que ver con la pobreza laboral, esto es, el porcentaje de la población general cuyos ingresos provenientes de su trabajo sin insuficientes para costear la canasta básica de alimentos.

La evolución del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), muestra que en el segundo trimestre de 2023 la pobreza laboral llegó a 44.5%, el nivel más bajo desde el inicio de la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Evidentemente, ambos indicadores corresponden a sectores de gobierno distintos. El primero, a seguridad pública, y el segundo, a desarrollo económico. Sin embargo, lo interesante en ambos casos es que la atención, tanto al combate al delito como a la pobreza laboral, han tenido un impacto positivo, de tal suerte que ha llegado a mínimos históricos.

El trabajo transversal que se ha llevado a cabo a partir de la estrategia de desarrollo que impulsa la mandataria estatal se está haciendo sentir en dos aspectos que son prioritarios para el ciudadano: su seguridad y sus ingresos.

La estadística del SESNSP permite identificar que la actividad delictiva estatal viene a la baja, lo que se explica a partir del despliegue de acciones entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el contexto de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, evidencia de que los planes ejecutados durante la gestión de Lorena Cuéllar le permiten a Tlaxcala ser el estado más seguro del país.

Y esta última anotación es relevante subrayarla, ya que mientras la incidencia delictiva en el estado desciende, en Yucatán, que disputaba con Tlaxcala la primera posición del ranking nacional de seguridad, se mantiene en segundo lugar, pero con una tendencia de crecimiento en este indicador.

Por otra parte, la medición del Coneval identifica que ahora son más las familias tlaxcaltecas con mayor capacidad de compra, como consecuencia de las actividades de promoción del estado para que la inversión privada llegue y se amplíe en Tlaxcala, aunado a las acciones específicas que se han llevado a cabo para ampliar la vinculación laboral; elevar el empleo formal, que ha llegado a niveles históricos según el Seguro Social; y estimular el aumento del salario contractual.

Gracia a ello, más tlaxcaltecas cuentan con sueldos suficientes para atender sus necesidades básicas y acceder a una mejor calidad de vida. La última actualización del ITLP revela que la pobreza laboral se redujo 2.8 porcentuales, al pasar de 47.8% en el primer trimestre de 2023 a 45% en el mismo periodo de este año.

Bajo este escenario, cobran significado los esfuerzos institucionales para generar entornos seguros y confiables, y para mejorar la calidad del ingreso de las personas, porque inciden directamente en las familias tlaxcaltecas.

La tarea está bien hecha. Se cumple la promesa de atender problemas sociales que llevaban años sin respuesta. En eso consiste la transformación.