La principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad. Las personas y sus familias quieren vivir en ambientes seguros, sentir que sus autoridades están pendientes de su protección.

Estadísticamente, hay evidencia que indica que Tlaxcala es la entidad federativa más segura del país, pues su incidencia delictiva, es decir, el número de actos ilícitos que se denuncian, es la más baja en México.

El último reporte oficial sobre seguridad muestra que, con 3 mil 882 delitos en 2023, Tlaxcala se ubicó por debajo de Yucatán, que reportó 4 mil 280 hechos delictivos al cierre de ese año. Además, la entidad tlaxcalteca ha ocupado por 17 meses, en lo que va de la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el primer lugar en este indicador.

Y es importante hacer esta precisión porque el hecho de ser el estado más seguro no significa que no ocurran eventos delictivos. Sin embargo, sí es una referencia válida para observar que hay otros indicadores que inciden en esta condición.

Por ejemplo, de enero a diciembre del año pasado, Tlaxcala logró una reducción del 18.46 % de la incidencia total de delitos respecto al 2022, y en el último trimestre de 2023, se consiguió un descenso del 45.7 % en los delitos de alto impacto.

En los dos primeros años de la administración de la mandataria Lorena Cuéllar se llevaron a cabo una serie de acciones para mantener las condiciones estatales de seguridad: más inversión en equipamiento, vehículos e infraestructura; más capacitación, profesionalización y certificación a elementos de seguridad; y más colaboración con el gobierno federal y los ayuntamientos.

No obstante, hacía falta un nuevo marco legal que actualizara las condiciones institucionales bajo las cuales las autoridades estatales se coordinan con las municipales que, lamentablemente, constituyen el eslabón más débil en la cadena de mando en materia de seguridad.

Aunque la gobernadora respaldó las competencias de los municipios en este rubro con apoyos, lo cierto es que la buena voluntad de los alcaldes no resultó suficiente para establecer esquemas de coordinación más eficientes para responder al fenómeno delictivo.

Por eso, que la titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, enviaran al Congreso del Estado la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala es relevante.

La iniciativa preferente que, hace unos días, las y los diputados locales aprobaron, implica establecer bases generales de coordinación actuales entre el Estado, los municipios y demás instancias en materia de seguridad ciudadana.

De este modo, se da un paso relevante para elevar la eficacia en las labores de prevención del delito, y lograr que el orden y la paz social se construyan desde el ámbito municipal, el primer nivel de gobierno y el más próximo a las personas.

Bajo esta perspectiva, es entendible el desarrollo de una estrategia de seguridad que, en un primer momento, hizo una importante inversión en el sector, avanzó en el adiestramiento policial y estableció esquemas de colaboración con los ámbitos federal y municipal con las Mesas para la Construcción de la Paz, como lo expuso el titular de la Secretaría de Gobierno al comparecer ante el Congreso local.

Ahora, con una nueva legislación que actualiza las facultades y obligaciones de las autoridades estatales y municipales, se podrán fortalecer las acciones de seguridad en beneficio de las personas y sus familias, porque habrá una nueva coordinación interinstitucional que deberá incidir en combate al delito y, eventualmente, en la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Hacía falta un nuevo marco legal que actualizara las condiciones institucionales bajo las cuales las autoridades estatales se coordinan con las municipales.