En un hecho relevante para la sociedad tlaxcalteca, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha visibilizado, en los últimos meses, que la política de cero tolerancia a la corrupción es una realidad.
No es secreto que, en Tlaxcala, los abusos cometidos por autoridades municipales han derivado, no solamente en daños patrimoniales, sino también en un malestar ciudadano generalizado, porque esos excesos se traducen en desatención a las necesidades sociales y en el aumento de los rezagos que afectan a las comunidades.
La calificación de las cuentas públicas, por parte del Congreso del Estado, a partir de los informes de auditoría practicados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), ha exhibido una combinación nociva de ignorancia, negligencia y arbitrariedades en el nivel de gobierno más próximo al ciudadano.
Por ese motivo, las vinculaciones a proceso logradas en meses recientes por el Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de la PGJE expresan el interés de la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de poner fin a la impunidad para recuperar la confianza ciudadana en sus autoridades.
Las investigaciones emprendidas en contra de exfuncionarios de Xaloztoc, Chiautempan, Panotla, Zacatelco y Calpulalpan son ejemplos de la necesidad de transformar el servicio público para limpiarlo de mezquindades relacionadas con la ambición de personas que ven en el gobierno el camino fácil para la acumulación de riquezas.
Sin duda, los cargos que enfrentan exalcaldes y exfuncionarios de esos cinco municipios por peculado y uso ilícito de atribuciones, entre otros delitos, destacan la importancia de la responsabilidad pública.
No es que las autoridades sean más estrictas en la aplicación de la ley, es simplemente que ahora sí se aplica para hacerla respetar, especialmente en materia de fiscalización, porque la ciudadanía demanda una rendición de cuentas claras y exige respetar el Estado de Derecho.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en este sentido, al mencionar que la corrupción es el mayor problema del país, y que, de su efectivo combate, depende la posibilidad de destinar más recursos para obras, programas y acciones de beneficio colectivo.
Y en Tlaxcala, la mandataria Lorena Cuéllar ha tenido muy presente este tema, tan es así que, recientemente, pidió a las y los alcaldes electos que se conduzcan con pulcritud, honestidad y compromiso, y a los ediles salientes, que tengan presente sus responsabilidades de cara al proceso de entrega-recepción.
La colaboración que el gobierno estatal ha ofrecido permanentemente a los ayuntamientos no debe confundirse. Apoyar a los municipios es fundamental para apoyar a las comunidades y servir a sus habitantes, y no implica, de modo alguno, ser cómplice de las irregularidades de sus titulares.
La administración estatal ha sido respetuosa de las atribuciones y facultades de este orden de gobierno, y las y los presidentes municipales salientes deben responder por cada una de sus decisiones en el ejercicio de su encargo constitucional.
En tal sentido, cobran relevancia las acciones de investigación a cargo de la PGJE, puesto que aseguran que quienes tienen o han tenido la honrosa oportunidad de formar parte de la administración pública rindan cuentas por sus actos, contribuyendo así al logro de gobiernos más transparentes y justos.
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