Las campañas políticas están llegando a su recta final. La elección del 2 de junio se aproxima.

En las últimas semanas, el bombardeo informativo relacionado con las actividades de las y los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en la entidad no se ha detenido, tanto en medios de comunicación tradicionales como en plataformas digitales.

En el caso de las y los candidatos a los 60 ayuntamientos, debe decirse que, en su mayoría, han privilegiado la difusión de actos de acercamiento con las y los ciudadanos, por lo que la promoción de su oferta electoral no ha ganado un papel protagónico.

El interés de presentarse con la mejor imagen, recurriendo a toda la parafernalia a su disposición, es indiscutible, de ahí que las propuestas de solución a la problemática social en los municipios se mostraran más como accesorios publicitarios que como ejes de campaña.

Obviamente, este periodo de competencia entre partidos no ha estado exento de quejas, señalamientos y denuncias que, hasta cierto punto, resultan previsibles, propias de los procesos comiciales a los que ya estamos familiarizados.

Sin embargo, hay un aspecto que prácticamente ha permanecido intocado por las y los candidatos y sus respectivos partidos políticos, y es cómo garantizar que el funcionamiento de las instituciones municipales no se obstaculice tras la elección, y que sus resultados signifiquen una mejora colectiva.

La contienda electoral debería enfrentar a las y los aspirantes a conformar los próximos ayuntamientos en el ámbito de la discusión de soluciones, del contraste de ideas, del conocimiento de los problemas de las comunidades y sus principales causas. Pero no ha sido así, porque han persistido en hacer de las campañas luchas personales, corriendo el altísimo riesgo de dividir a la gente.

Los discursos que polarizar posturas suponen la vía para ganar adhesiones de modo mas inmediato, pero esta práctica recurrente en las campañas ha tenido consecuencias nocivas en el tejido social, y tendrá un efecto boomerang para las próximas administraciones municipales, que tendrán que lidiar con las secuelas de su fractura.

Por eso llama la atención que las y los aspirantes a los cargos de elección en los municipios no vislumbren la necesidad de acciones o programas de reconstrucción del tejido social tras el paso de las elecciones, y que tampoco estén previendo la importancia de generar condiciones para fortalecer el sentido de pertenencia en sus comunas.

Por definición, un proceso consiste en la acción de ir hacia adelante; por eso, implica la secuencia de acciones ejecutadas para alcanzar un objetivo determinado. Y en el caso de un proceso electoral, el objetivo es renovar a las autoridades previstas en la ley mediante voto popular.

Ello significa que los procesos comiciales tienen un principio y un fin, con consecuencias en la sociedad, de ahí que, en el desarrollo de las campañas, corresponde a las y los candidatos, así como a sus partidos, considerar que la hostilidad, los ataques, los engaños, las expresiones de odio y, en general, todo acto que implique violencia contra sus adversarios, afecta a todas y a todos en un determinado territorio.

Esa es la razón por la que sería deseable que las campañas contribuyeran al mejoramiento de la sociedad, con el aporte de sus protagonistas en la atención de los desafíos inmediatos y futuros de sus localidades. De esa manera, se podría lograr la recuperación de la confianza en las autoridades, indispensable para promover la participación y la organización de las y los ciudadanos.

Por encima de ideologías o compromisos políticos, las y los candidatos deberían ser promotores del diálogo y la inclusión, y estar abiertos a la idea de coordinación, no solamente con autoridades estatales o federales, sino con sectores que conforman la comunidad, y que son fundamentales para la trasformación social, como las escuelas, las empresas y la sociedad civil.

Así, y de lograr el respaldo de la mayoría ciudadana, podrán definir congruentemente sus programas prioritarios, en sintonía con los planes estatal y nacional de Desarrollo, lo que es fundamental para que la obra y acción de gobierno tenga contundencia en los hechos, al basarse en la armonización de objetivos tendientes al servicio de la sociedad.