En Tlaxcala, la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad ha probado su efectividad para hacer frente, no solamente al fenómeno delictivo, sino también para garantizar la justicia y abatir la impunidad en el estado.
En lo que va del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar ha sido notable el esfuerzo por reactivar la procuración de justicia en distintos niveles y frentes. Lo podemos notar, por ejemplo, en el interés de resolver exitosamente carpetas de investigación contra servidores y exservidores públicos para erradicar la corrupción de la administración pública.
Casos emblemáticos son los de autoridades y exautoridades de Xaloztoc, Chiautempan, Panotla, Zacatelco y Calpulalpan, que están siendo procesadas por peculado y uso ilícito de atribuciones, entre otros ilícitos, en un esfuerzo gubernamental por proteger el erario mediante el combate frontal a la corrupción.
Es indiscutible que la impunidad florece debido a la corrupción y que ésta, desafortunadamente, termina desarticulando todo esfuerzo en el combate al delito, de ahí que resulta notable la labor que el gobierno estatal, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), está llevando a cabo para hacer cumplir la ley.
Ciertamente, es la primera vez en la historia de Tlaxcala que se vincula a proceso por actos corruptos a personajes que recibieron la confianza ciudadana para encabezar ayuntamientos o tuvieron el privilegio de servir en la administración pública municipal.
No hay precedente inmediato de un combate eficaz del rezago en carpetas de investigación como el que el actual gobierno emprende, especialmente para atender casos heredados por pasadas administraciones, ni tampoco de un interés palpable por revertir el retraso en la aplicación de la justicia como lo demanda la ciudadanía.
Y la prueba más clara de ello son las dos sentencias condenatorias logradas recientemente por la PGJE respecto a casos que se remontan al pasado gobierno estatal, gracias a lo cual hoy están tras las rejas un hombre que, en 2020, le quitó la vida a sus padres y hermanas en Mazatecochco, simulando un robo, y dos sujetos que, en 2018, privaron de la libertad a dos personas, a quienes además robaron un vehículo cargado con mercancía, pero que fueron rescatados con vida en Ixtacuixtla por elementos de seguridad.
La labor del Ministerio Público, en coordinación con la Policía de Investigación y Servicios Periciales, permitió aportar pruebas suficientes para que un Tribunal de Enjuiciamiento dictara sentencia de 80 años de cárcel en el primer caso, y de 50 años en el segundo, por los delitos de homicidio calificado y de secuestro express agravado, respectivamente, en respuesta a dos actos delictivos que, sin duda, generaron condena social.
Por eso, es de reconocerse el que la procuración de justicia sea reactivada mediante la adecuada investigación de los delitos, la correcta judicialización de las carpetas de investigación y el ejercicio eficaz de la acción penal, porque está implícito un seguimiento puntual a las estrategias, acciones y políticas emanadas de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, a fin de combatir la delincuencia, procurar la justicia y asegurar que Tlaxcala se mantenga como un estado seguro y confiable para los diversos sectores de la sociedad, porque se encara la corrupción y se abate la impunidad.
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