¡Y es que resulta una verdadera tortura!... ¿de veras los legisladores, la Ejecutiva y el registrador civil del estado ignoran esto?... ¡porque quien debe registrar una sentencia de divorcio transita un calvario burocrático!... burocracia excesiva, horribles “jetas” en las ventanillas, pagos confiscatorios y el tiempo que se invierte y el hígado que se desgasta.
Es tortuoso registrar una sentencia de divorcio. Antes de eso, ya se padeció a la burocracia judicial, que es más lenta que tortuga dormida, ¡de una lentitud pasmosa, desesperante! Pero si usted ya obtuvo una sentencia de divorcio –¡todas las autoridades deben obligarse a estar y pasar por ella como cosa juzgada!–, su registro será para que el resto de la sociedad la conozca y acate.
Y aquí empieza “la tormenta”. Algún recaudador inteligente convirtió esta gestión en una mina de oro, que esquilma el bolsillo del contribuyente; antes bastaba con llevar la orden judicial e inscribir ¡se pagaba y listo! Pero ahora es complicado y tedioso, amén de costoso. ¡Vea usted si no!... para empezar, la oficina registral del municipio de Tlaxcala, ya no es pública. Usted ya no tiene acceso, una mujer impide el paso y en la pared de afuera escritos están los requisitos.
Es toda una maraña de ir y venir, gestionando, pagando y haciendo “entripados”. Todo inicia con un famoso “dictamen”, que no entiendo para qué, porque una sentencia es resultado de un juicio, pero ahora exigen en esa oficina, que una autoridad burocrática “dictamine”, si es procedente la inscripción. Esto es, un burócrata dirá si la sentencia del juez es procedente o no. El costo de tal disparate será de mil ochenta y seis pesos y para que lo emitan, se deben cubrir requisitos –mucha paciencia por favor– ¡A saber!, original y tres copias, además, dos fotocopias certificadas, una de del libro estatal y otra del municipal, de las actas donde se pretende la inscripción, con un costo de trescientos veintiséis cada una.
Si lo logró, con ellas usted gestiona su dictamen, que tarda diez días, y absurdamente le exigirán el CURP de los dos divorciantes, certificado por el registrador estatal –así como lo oye– porque ellos no pueden comprobar su autenticidad en línea. Por supuesto el pago de trescientos veintiséis por cada certificación –porque de eso se trata. Pero, además, deberá solicitar en línea la cita previa –remanentes de la pandemia que se quedaron porque así conviene– ahora bien, ¡más paciencia por favor!, ya con el expediente integrado se solicita al registro civil municipal el registro del divorcio.
Pero aquí nuevamente, le exigirán nuevas fotocopias certificadas de los libros municipales y estatales y otra vez, el pago de trescientos veintiséis por cada una, expediente por triplicado y solo de nueve de la mañana a trece horas se hace la gestión. Ya luego vendrá el pago del registro de setecientos veintiséis pesos y si finalmente usted integró su expediente, ¡ya triunfamos papacito! Si suma los costos verá que algo que sólo costaba esa cantidad se incrementó en tres mil pesos, más las “jetas” que debió soportar, el tiempo perdido y su padecimiento hepático.
Tramitación excesiva, pagos que ya no son “impuestos” porque el fisco estatal descaradamente “entra a saco” al bolsillo ciudadano para atracarlo. Es extremadamente oneroso para el causante, pero si usted se retrasa es posible que le digan que sus documentos “ya no tienen validez” y –¡hay señor mío!– deberá iniciar toda la tramitación y todos los pagos. ¡No estoy inventando nada!, este es el martirio que vive el ciudadano que pretende registrar una sentencia de divorcio. Calvario cotidiano.
—¡Mi superior, le informo que detuvimos al sospechoso, y ya le pusimos 'esposas'!… —¡eso… póngale esposas', póngale 'suegras', la cosa es que sufra! —dijo Cantinflas! Tal vez debiéramos preguntarnos, ¿es a propósito señores legisladores que aprobaron esta reforma?... señora Gobernadora, ¿sabe usted de estos saqueos que su pueblo sufre?... señor director del registro estatal, ¿todo esto es a propósito?... porque además cualquier abogado les dirá que el famoso “dictamen” es inconstitucional, ya que para inscribir, basta la sentencia judicial.
Esta violación a la ley resulta perfectamente atendible por la justicia federal, pero si usted acude a ella, le dirán que el juez que sentenció, tiene facultades para hacerse obedecer. Pero, además, aunque así sucediera, usted tropezará de nuevo con la muralla de la tramitación burocrática que ya relaté. ¿Será acaso que autoridades estatales y federales están de acuerdo?... no creo que exista tanta maldad en el mundo en contra del ciudadano. Los servicios públicos deben resolver los problemas y los impuestos deben ser razonables y equitativos, pero no irracionales ni confiscatorios.
¡Estamos viviendo época de carestía! ¡La economía está muy caída! Pero los responsables de esta injusticia impositiva se tapan los oídos para no escuchar y los ojos para no ver. ¡Ni modo, qué le vamos a hacer, los que mandan, mandan... y si se equivocan, pues fingen amnesia y vuelven a mandar! ¡Esta es la esperanza de Tlaxcala en acción!