El objetivo primordial de la función pública jurisdiccional es proteger los derechos de todas las personas y especialmente de aquellas que históricamente han estado marginadas del acceso a la justicia, por ello, la labor de jueces, juezas, magistradas y magistrados tiene una doble responsabilidad como servidores públicos e impartidores de justicia.

Ellos y ellas están llamados a resguardar el orden jurídico que, desde el Congreso, dictan quienes se encargan de formular las leyes, pero también de aquel consagrado en convenciones, tratados y acuerdos internacionales que obligan a todas las instituciones del Estado a reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos.

Éstas últimas deben ser un faro que guíe la actuación del Poder Judicial en un contexto de constante transformación y avance en favor de la igualdad y la libertad más allá de sus fronteras.

A nadie escapa que la realidad, con frecuencia supere los esfuerzos legislativos y esto obliga a los juzgadores a mejorar constantemente sus habilidades, al momento de interpretar la ley, y que también se actualicen constantemente en el estudio de la progresión de los derechos humanos, y sean minuciosos al observar las necesidades de quienes acuden a los tribunales en busca de justicia.

Nuestro sistema jurídico no se limita al texto constitucional con sus múltiples reformas, la misma Carta Magna coloca en su rango a los tratados internacionales que requieren ampliar el alcance del control constitucional y convencional a fin de identificar toda norma interna que vulnere la dignidad de las personas conforme a estos compromisos que ha asumido el Estado Mexicano.

Por ello, es fundamental hacer conciencia de que cada uno de los casos que llegan a juzgados y a tribunales tiene un impacto no sólo en las personas que se ven involucradas, sino que puede repercutir en la sociedad en general.

A dos años de haber asumido la titularidad de la Tercera Ponencia de la Sala Civil Familiar, cumplir con esta doble encomienda ha sido una prioridad que implica un esfuerzo cotidiano tanto en las tareas administrativas como jurisdiccionales que trae consigo el cargo de magistrado.

En la dinámica de Tlaxcala, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y quienes viven con desventaja económica son quienes con mayor frecuencia llegan al Tribunal Superior de Justicia en la búsqueda de que se garantice su protección y su dignidad en los procesos jurisdiccionales, pero que más tarde se traducirán en su día a día.

Los derechos fundamentales de las infancias han sido una bandera más allá de estos dos años de trabajo. Con hechos que parecen normalizados tanto en el ámbito público como en el privado, la labor de los juzgadores es crucial para proteger y, en su caso, restaurar aquellos derechos que les han sido vulnerados.

La impartición de justicia no puede ser considerada ni considerarse a sí misma como una isla, la coordinación con instancias como la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y las 60 procuradurías municipales debe profesionalizarse, pues hacerlo es la clave para asegurar que todas las infancias en Tlaxcala cuenten con una representación coadyuvante ante los juzgadores y contribuye a que los juzgadores cumplamos con nuestra doble función: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos humanos.

Titular de la Tercera Ponencia de la Sala Civil Familiar del TSJE

Facebook: Enrique Acoltzi

Es fundamental hacer conciencia de que cada uno de los casos que llegan a juzgados y a tribunales tiene un impacto no sólo en las personas que se ven involucradas, sino que puede repercutir en la sociedad en general.