En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Familias cada 15 de mayo es una ocasión para reflexionar sobre la protección de los derechos humanos de las familias y los retos que esto representa. Para ello, es necesario conocer y analizar los procesos de transformación de lo que se conocía como familia en su contexto actual.
En los últimos años, hemos sido testigos de transformaciones en la composición de los grupos familiares y los hogares, resultado de cambios demográficos, sociales, culturales, económicos, ambientales y jurídicos. Con el cambio de concepto de familia a familias, se reconocen las diversas formas de organización de los seres humanos, como familias: nuclear sin hijos, nuclear monoparental con hijos, nuclear biparental, ampliada o extensa, compuesta, ensamblada, homoparental, heteroparental, sin núcleo, de acogida, de origen, de acogimiento preadoptivo y sociedades de convivencia; y cualquiera que sea su organización, las familias tienen derecho a ser protegidas y asistidas por el Estado.
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley debe proteger la organización y desarrollo de las familias.
Uno de los derechos fundamentales de las familias es a la salud y el bienestar. En 2024, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha enfocado esta conmemoración en el tema del cambio climático para exponer cómo esta situación repercute en la salud y el bienestar de las personas. La ONU enfatiza la necesidad de sensibilizar a la población sobre el impacto del cambio climático en las familias y lo que éstas pueden hacer en positivo para el clima, destacando iniciativas familiares y comunitarias con educación, acceso a la información, formación y la implicación de la comunidad.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva OC-23/17, subrayó que “la degradación del medio ambiente y los impactos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos”, destacando la necesidad de que los Estados adopten medidas para prevenir daños ambientales que perjudiquen a las personas y sus familias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido la importancia de proteger un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental. En la Contradicción de Tesis 270/2016, la SCJN determinó que el derecho a un medio ambiente sano está directamente relacionado con otros derechos humanos, como el derecho a la salud y el bienestar, indicando que el deterioro ambiental puede afectar gravemente la calidad de vida de las personas.
En Tlaxcala, se han documentado problemas de contaminación que impactan el cambio climático y deben ser atendidos por las instituciones públicas para garantizar el respeto del derecho humano a la salud. Los tlaxcaltecas estamos ante una realidad ambiental que debe llamar nuestra atención para tomar medidas urgentes.
Hemos sido testigos de fenómenos como huracanes, sequías e inundaciones que provocan pérdidas humanas y desplazamientos forzosos, complicando la subsistencia digna de las familias. A inicios del presente año, se registró un incendio en el relleno sanitario de Panotla, afectando a decenas de habitantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció por el derecho a un aire puro y un medio ambiente saludable, proponiendo medidas efectivas para enfrentar estas problemáticas y promover una gestión de residuos sostenible.
En la cuenca Atoyac-Zahuapan, el daño ambiental ha afectado negativamente a las familias. Diversas acciones se han emprendido para documentar este daño y señalar cómo mitigar la problemática, ya que enfrentar las consecuencias del cambio climático será cada vez más difícil y costoso.
Es necesario dotar a las familias de herramientas para ser agentes de cambio en el tema ambiental, promoviendo la educación, el cambio de hábitos de consumo, la economía circular y la sensibilización. A través de los grupos familiares se transmiten valores y prácticas de concienciación sobre el cambio climático desde temprana edad, ejerciendo así su derecho y responsabilidad para una mejor salud y bienestar.
Según la ONU, la esperanza de vida mundial al nacer alcanzó los 72.8 años en 2019. Para 2030, casi el 12 % de la población mundial tendrá 65 años o más, y para 2050, la longevidad media mundial se situará en torno a los 77.2 años. En todo el mundo, más del 23 % de los individuos vive en barrios marginales en zonas urbanas, y se estima que el 2 % de la población mundial no tiene hogar y otro 20 % vive en condiciones de vivienda inadecuadas. Esto impone retos al cumplimiento de las obligaciones del estado y a los organismos defensores de derechos humanos para garantizar que las políticas públicas no vulneren los derechos de nadie.
La integración de las familias requiere especial atención para enfocar adecuadamente las acciones de los organismos defensores cuando reciben quejas por presuntas violaciones a sus derechos. Nuestra labor está sustentada en leyes locales y federales, así como en tratados internacionales, garantizando el respeto a los derechos de todas las personas.
*Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
