Las conversaciones políticas -casi siempre con algo de coyuntura- tienen temas permanentes. Dichas temáticas están vinculadas con problemas estructurales como la corrupción, la pobreza o las desigualdades sociales. Son conversaciones políticas en las que, inherentemente, hay posiciones encontradas y diferencias en las definiciones del problema y sobre todo en los planes y estrategias a desarrollar. Lo cierto es que esas conversaciones políticas, en mayor o menor medida, siguen vigentes porque se refieren a asuntos que le interesan a la población.
Al respecto, destaca el tema de la corrupción y cómo contar con políticas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Sobre esto, los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de las últimas 4 ediciones indican que la corrupción está entre los problemas públicos que mayor interés generan entre las personas. Su permanencia en el interés ciudadano se debe, en buena medida, a al menos tres razonamientos: el primero es que la percepción de la corrupción mantiene niveles medianamente sostenidos a lo largo del tiempo; el segundo está relacionado con la prevalencia efectiva de casos de corrupción -sobre todo a nivel de trámites y servicios cercanos a las personas, por ejemplo los que se desahogan a nivel de los gobiernos estatales y municipales-, y el tercero (quizás el más importante) responde a la lógica de la posverdad y cómo -justo en tiempos electorales- la oposición política inventa relatos y construye realidades alternas en las que refugia su posición crítica ante lo que se ha hecho en el ámbito de las políticas anticorrupción.
Por eso la permanencia de las preguntas acerca de cómo lograr un mejor control de la corrupción es, simultáneamente, un interés genuinamente ciudadano y el resultado artificial de la confrontación política. No obstante, resulta positivo que quienes aspiran a gobernar reconozcan el problema público y presenten rutas claras y concisas para resolverlo. Sobre este último punto, las campañas políticas y el debate presidencial han demostrado que solamente el proyecto político de Claudia Sheinbaum ha actuado en esa lógica de: comprensión del problema y presentación de ideas y propuestas de políticas públicas para atenderlo.
En el otro costado, las oposiciones políticas se han regodeado con las críticas. Sin embargo, han olvidado -deliberadamente- la presentación de áreas susceptibles de mejora a las instituciones actuales; programas y políticas públicas para insertar a las organizaciones gubernamentales en la dinámica del escrutinio público e, incluso, comunicar asertivamente (quizás con la integración de sus equipos de trabajo) que están en contra de un problema como la corrupción.
Si se parte del supuesto de que la corrupción es un problema sistémico, complejo y con consecuencia de “efecto multiplicador”, entonces la salida no es la posición absorta y de contemplación que ha sostenido la oposición. Más bien es la posición activa y propositiva de Sheinbaum que, incluso antes del debate presidencial, realizó la presentación del Eje de Gobierno “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”. Entre lo más destacado están las propuestas de: (1) creación de una Agencia Federal Anticorrupción; (2) diseñar una ley para homologar los criterios de persecución del delito de corrupción a nivel nacional; (3) crear la figura jurídica de víctimas colectivas de delitos de corrupción; (4) permitir que la Federación atraiga casos de corrupción en las entidades federativas; (5) simplificar y digitalizar trámites y servicios; (6) implementar un programa de profesionalización de los funcionarios en áreas estratégicas.
Es un planteamiento que abarca una buena parte de las variables que describen al problema de la corrupción. Además, implícitamente reconoce que buena parte del problema está en los gobiernos subnacionales, por lo que es estratégico que la Federación logre permear -a partir del buen ejemplo, pero sobre todo a partir de la definición de directrices en compras públicas o en profesionalización de la función pública- en el ejercicio de gobierno cotidiano a nivel local.
Al respecto, agregaría la necesidad de que el plan anticorrupción apueste por esquemas de toma de decisiones con mayor participación ciudadana. Si este se complementa con la apuesta tecnológica y la mayor transparencia, se construye el modelo de gobierno abierto. Esta es una apuesta para modificar la conversación política de los próximos años. Quizás, con el desarrollo eficaz del plan, tengamos discusiones políticas con otro tipo de asuntos en el futuro. Así, los aciertos políticos y de políticas públicas son evidentes.
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