El mundo y sus estructuras de organización política y económica reproducen desigualdades entre la población y también entre los propios países y regiones. Es consecuencia de la distribución de actividades funcionales de la economía global. Mientras las economías desarrolladas, compiten y desarrollan procesos en sectores de alto valor agregado; las economías medias y emergentes generan manufacturas; y las economías primarias se concentran en commodities para exportación y materias primas para el consumo interno. Dicha distribución no es aleatoria, es consecuencia de procesos históricos y de la fragilidad con que economías endebles se administran y presentan en el concierto internacional.
En regiones como América Latina, la condición de desigualdad ante otras regiones provocó –durante bastante tiempo– que los Estados optaran por atraer inversiones del exterior a partir de la mejora de la competitividad. Esto implicó que se redujeran las condiciones favorables para las y los trabajadores, y se mantuviera el nivel de los salarios bajos. Es decir, ante las deficiencias estructurales del reparto internacional, las regiones menos favorecidas –por propio diseño– profundizaron el problema de la pobreza y la desigualdad hacia el interior de los países.
Esta tesis sobre el círculo pernicioso de la desigualdad entre regiones del mundo se acentúa aún más en los momentos históricos de crisis global. Todas las crisis económicas, algunas originados en los centros financieros globales, han tenido impactos negativos más severos en regiones como América Latina. Tal ha sido la dinámica económica en la región que la denominada década perdida en los años 80 significó el crecimiento promedio de apenas 2 %, y con ello el detrimento de las oportunidades de desarrollo para generaciones enteras se derruyó.
Hace unos días la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el “Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo”. En este se presenta un análisis detallado del desempeño de la economía regional en 2023 y las proyecciones para 2024 y 2025; además, analiza la dinámica macroeconómica y sectorial del empleo en los países de la región; y el desempeño económico de los países en los individual. Los datos indican que, en el transcurso de la última década, los países de América Latina exhibieron un bajo nivel de crecimiento económico, con una tasa promedio del 0.9 % en el período 2015-2024, incluso inferior al crecimiento promedio de la llamada “década perdida”.
La CEPAL proyecta que la economía mundial crezca un 3.2 % en 2024, cifra una décima menor que la registrada en 2023 y todavía inferior al promedio histórico del 3,8 % de crecimiento anual observado entre 2000 y 2019. Esto sugiere que la crisis originada por la pandemia de Covid-19 tiene impactos –que seguirán durante algunos años más– negativos en la economía global que se profundizan en regiones como AL. Esto se demuestra dado que, es previsible que AL continúe con una trayectoria de bajo crecimiento en 2024, a una tasa promedio del 1.8 %. Este bajo crecimiento se observaría en todas las subregiones, puesto que América del Sur crecería un 1.5 %; Centroamérica y México, un 2.2 %, y el Caribe (sin incluir Guyana) un 2.6 %.
El estudio sugiere como una conclusión general que para superar la “trampa del bajo crecimiento” y crear empleos de calidad, es preciso articular políticas macroeconómicas y de desarrollo productivo que estimulen la inversión y la productividad, y permitan alcanzar un crecimiento inclusivo y sostenible. El escenario macroeconómico al que se enfrentan los países de la región, tanto en el plano externo como en el interno, se caracteriza por el bajo crecimiento de la actividad económica, la incertidumbre y un espacio limitado en el ámbito de las políticas fiscales y monetarias.
En el corto plazo, ante procesos como el nearshoring, los países de América Latina deben construir un esquema de incentivos suficientes, privilegiando las condiciones propicias para tener empleos de calidad. Dado que los efectos de la crisis se profundizan en la región, los países deben implementar esquemas de protección social no contributiva y política social universal, ahí los casos de México y Brasil son paradigmáticos.
