La pobreza en México, según la literatura de políticas públicas, es un problema perverso o complejo. Un “wicked problem” —concepto ampliamente analizado por Amy Edmondson de la Universidad de Harvard y W. Head de la University of Queensland— hace referencia a los asuntos públicos complejos, los cuales sostienen causas y diagnósticos incompletos, contradictorios o poco claros por su propia naturaleza. Además, en este tipo de problemas, el planteamiento de las soluciones a éstos transita en un proceso sinuoso dado el involucramiento de diversos actores, la necesidad de gran cantidad de recursos y las confusas y diversas causas a atender para resolverlo. Por eso el problema de la pobreza —sea por ingresos o por carencias sociales— es un “wicked problem”.
La complejidad del problema es mayor si se considera el efecto multiplicador de la pobreza y su transmisión generacional. Esto significa que, la población en situación de pobreza enfrenta obstáculos estructurales para superarla. Por tanto, no se trata de un fenómeno situacional, tampoco de un problema derivado de elecciones individuales y decisiones personales. La pobreza en México —como en todo el mundo— es un problema social de distribución de la riqueza, acceso a oportunidades y, sobre todo, cobertura de derechos. Si las personas no encuentran garantizados sus derechos fundamentales para la vida —llámese alimentación, vivienda, trabajo, educación, etc.— entonces, consecuencialmente, el problema de la pobreza se agudiza.
En este sentido conviene destacar el rol de las intervenciones públicas. Los problemas complejos requieren de la presencia del Estado a través de programas, políticas públicas y bienes y servicios colectivos. Sin embargo, la existencia de un Estado centrado en el bienestar y la garantía de derechos, requiere —innegablemente— de una serie de compromisos políticos, adecuaciones legislativas y recomposición burocrática-institucional. Esos procesos están imbuidos en la lógica de la competencia política, de la comparación de proyectos y la puesta en cuestión de las propuestas para resolver problemas complejos como la pobreza.
Si los problemas de México son de tales dimensiones, entonces resulta deseable que los procesos electorales estén centrados en explicar las problemáticas (a partir de diagnósticos serios) y apuntar propuestas de solución eficaces y viables. Por ello, destaca sobremanera la propuesta de Claudia Sheinbaum sobre educación y su vinculación en la solución de problemas como la pobreza y las desigualdades.
Al respecto ha posicionado a la educación como “el centro de la transformación”, ha asumido el compromiso de construir una República “educadora, humanista y científica” y por tanto ser recordada como “la Presidenta de la educación pública”. La propuesta tiene pertinencia política, sustento teórico y viabilidad programática; la educación —en tanto un proceso formativo de personas y profesionales, además de capacidades para la vida y trabajo— tiene efectos potenciales en la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales. Sobre todo si se considera a la educación como un derecho al que la totalidad de las personas deberían poder acceder.
La atención de los problemas deriva en el diseño y formulación de diferentes instrumentos de política pública. Recientemente, los programas de transferencias monetarias han contado con mayor presencia gubernamental. Estos —en el pasado— estaban sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones o comportamientos que se planteaban como deseables, sin embargo, los resultados fueron marginales o poco empatados con los objetivos. Por ello, los programas de transferencias viraron hacia la universalización y suprimieron ciertos espacios de intermediación que podrían derivar en prácticas clientelares. Dichos instrumentos de política pública requieren, necesariamente, del acompañamiento de mejoras en los servicios y la ampliación de opciones (por ejemplo, en el caso de la educación, los programas para la modernización de infraestructura educación y los programas de fortalecimiento y capacitación para la actividad docente).
La propuesta de la Dra. Sheinbaum para la beca nacional para los estudiantes de escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria y secundaria persigue el propósito de incidir en la continuidad escolar de los niños, niñas y adolescentes. Además, como un efecto esperado, el apoyo económico permitirá que la economía de las familias tenga un impacto menor al sostener la educación de uno o más integrantes. La selección de los niveles educativos también está planteada a partir del diagnóstico de que, justo en esas etapas educativas, se presentan los mayores obstáculos estructurales para la población. Las becas permiten que, aún en los deciles de menores ingresos, la educación sea un camino viable y que no implique la insatisfacción de otras necesidades sociales como el acceso a la alimentación sana.
Es imperiosa la necesidad de inversión en educación en un contexto como el mexicano. Se trata de un asunto de justicia social y de garantías de derechos. El acceso a educación formal permitirá: mejorar las previsiones de reducción de la pobreza y desigualdad; incrementar las posibilidades de éxito en el aprovechamiento del contexto económico internacional que favorece a México; y comenzar a construir una sociedad más equitativa. La respuesta política, ante la gran complejidad del problema, es dada con precisión. Esta puede ser una política pública que enfrente directamente las variables y características que constituyen a la pobreza como un “wicked problem”.
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