Las políticas públicas son acciones de gobierno para resolver problemas comunes. Están insertas en un marco institucional que les coloca oportunidades, límites y restricciones, además de elementos de carácter organizacional y operativo que –en cierto modo– definen sus objetivos y alcances. Buena parte de las políticas públicas formuladas desde las organizaciones públicas tienen el propósito de garantizar derecho, por ejemplo, el caso de la política educativa en México responde directamente al derecho a la educación (descrito específicamente en el artículo 3° constitucional).
Hay otro tipo de políticas públicas que –aunque comparten el objetivo de cubrir los derechos de las personas– inciden directamente en las obligaciones y responsabilidades de los gobiernos. Es el caso de las políticas anticorrupción como control interno o fiscalización, las cuales responden al derecho humano al bueno gobierno, pero modifican directamente el funcionamiento interno de los gobiernos en todos los niveles. Resulta relevante agregar que este tipo de políticas públicas, a diferencia de las del primer tipo mencionado, requieren de la participación de otros actores más allá del gobierno. Al respecto, destaca la participación directa del Poder legislativo en materia de fiscalización a través de la Auditoría Superior de la Federación, por mencionar un ejemplo.
En una situación similar se encuentra la política pública de transparencia. Esta es una respuesta institucional al derecho humano a saber, al derecho de acceso a la información y –en buena medida– también al derecho al buen gobierno. La implementación de la política de transparencia en el país requirió de la conformación de un sólido diseño institucional para garantizar el derecho de acceso a la información. Bajo esta lógica se entiende la dimensión de la importancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La política de transparencia en México –aunque aún con una historia institucional reducida– significa mucho para la vida democrática del país. La puesta en marcha de la política de transparencia (tanto a nivel federal como en las entidades federativas) demuestra un avance en la conformación de instituciones públicas menos opacas y más acostumbradas (a fuerza de las resoluciones de los órganos garantes) a colocar el funcionamiento gubernamental en el ojo público.
Por esta razón llama la atención que el encono político nacional esté supeditando el interés superior de garantía de derechos y estancando el avance de la transparencia. Actualmente –dada la ineficacia premeditada del Senado de la República y la desestimación de la utilidad pública del INAI– los nombramientos de los nuevos comisionados del pleno del instituto garante del derecho de acceso a la información están suspendidos. Este hecho no es menor, se traduce en la parálisis de la institución y la nula posibilidad de que las personas pueden recurrir a una instancia para ejercer su derecho de acceso a la información pública. Al respecto, diferentes grupos expertos, universidades y organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en favor de que el proceso legislativo se acelere y el INAI pueda funcionar con normalidad.
En este asunto en particular es observable que la política de transparencia y acceso a la información puede perder relevancia pública. Son varias las razones por lo que esto puede suceder. Para el caso de México –dos son las más importantes– la incomodidad que se genera al poder y el bajo nivel de preocupación que el asunto genera si se tiene en cuenta la cantidad y dimensión de los problemas públicas que más interés mantienen, como el caso de la inseguridad, el desempleo o la corrupción. Sobre la primera causa, es cierto que la transparencia y el hecho de que la información de los gobiernos pueda estar en posesión de las personas en general, parece generar escozor e incomodidad.
Es indispensable que –en el corto plazo– la inmovilidad premeditada y arbitraria en que fue colocada la política pública de transparencia en México se modifique.
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