Los Estados que deliberadamente decidieron aumentar sus inversiones en ciencia, tecnología innovación, ahora mismo sostienen economías desarrolladas y mejores condiciones de vida para su población. Por ello es relevante que la política de educación, ciencia y tecnología se consideren prioritarias en el ejercicio de gobierno. Su potencial para generar dinamismo económico y mejores soluciones a los problemas públicos es innegable.

Sin embargo, regiones como América Latina han sostenido bajos niveles en las inversiones para ciencia e innovación. Muestra de esta realidad, es el hecho de mientras en Estados Unidos, Japón y la Corea del Sur invierten en este rubro entre 2.5 y 3 puntos de su Producto Interno Bruto (PIB), la Unión Europea cerca de 2 puntos, América Latina y el Caribe en conjunto invierten apenas 0,5 puntos del PIB. Las diferencias son notables y, en buena medida, son explicativas de la distribución de actividades económicas en las cadenas globales de valor.

Esta brecha en los recursos destinados también incide prospectivamente en la capacidad de crecimiento y el acento en las desigualdades entre países. Además, las inversiones del sector público en las economías desarrolladas están complementadas por la participación del sector privado en la ciencia, tecnología e innovación. Esto no ha ocurrido en América Latina, sobre todo porque el sector privado se ha concentrado en las actividades que suponen menores riesgos y utilidades inmediatas, como la extracción de recursos y las commodities.

En caso contrario, los países con economías desarrolladas sostienen mejores niveles de inversión privada, pero sobre todo un fuerte gasto público en el sector. Es decir, los gobiernos sostienen centros de investigación pública, esquemas de incentivos a la investigación científica y mejores apoyos a la formación superior. En los países con economías desarrolladas, las empresas invierten en este rubro entre 200 y 700 dólares por habitante. Mientras que en América Latina el gasto en investigación y desarrollo de las empresas es mayor en países como Argentina, Brasil, y Chile, con cerca de 50 dólares por persona; en tanto que México gasta 33 dólares, y Costa Rica, Uruguay y Venezuela algo más de 20 dólares. En contraparte, el gasto de los gobiernos de la región en investigación y desarrollo –afortunadamente– es más elevado y oscila entre los 20 y 36 dólares en países como Argentina, Brasil, Chile y México. Esta cifra está aún muy lejos de los 150-250 dólares por habitante invertidos por los gobiernos de los países desarrollados (Japón, Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos, por mencionar algunos).

Ante este escenario, resulta positivo que la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, anunciara la decisión de crear la Secretaría Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Esta nueva dependencia deberá inaugurar un nuevo ciclo virtuoso para lograr que la política de ciencia y tecnología tenga mayores apoyos y mejores resultados. Además, la reestructuración de este sector abre la posibilidad de discutir e innovar algunos de los mecanismos para impulsar la investigación e implementar mejoras para que México logre figurar en el campo científico. En términos generales, el rediseño de la participación del Estado genera renovados bríos para la política de ciencia y tecnología.

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