La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Deuda Pública para el Estado generó polémica a partir de la falsa idea de que Tlaxcala y sus municipios se iban a endeudar.

Al parecer, la noticia hizo que afloraran en sectores muy conservadores los prejuicios en torno al endeudamiento.

Y en vez de propiciar un debate enriquecido con argumentos de valor, los detractores de la enmienda concluyeron que era un “cheque en blanco” para que las actuales autoridades, principalmente las municipales, pudieran acceder sin restricciones a créditos grandes, vaticinando consecuencias catastróficas para sus arcas.

Pero la realidad está muy alejada de esta posición fundada en el desconocimiento de la reforma y sus alcances.

Como ya lo explicaron varios legisladores, las modificaciones planteadas por la gobernadora Lorena Cuéllar, avaladas por el Pleno del Congreso local, no alteraron los requisitos ni las obligaciones vigentes para que el estado o los municipios accedan a recursos adicionales por la vía del crédito. En otras palabras, no se tocaron los llamados “candados de endeudamiento”.

De hecho, la reforma armoniza la Ley de Deuda con la normativa federal, y la hace operable, al eliminar ambigüedades relacionadas al trámite de solicitudes de autorización para la contratación de financiamiento ante el Congreso del Estado.

Ahora, las autoridades solicitantes deberán obtener un dictamen para justificar la necesidad del financiamiento, por parte de la Secretaría de Finanzas, lo que en estricto sentido implica un requisito adicional que restringiría su autorización, en caso de no garantizar la viabilidad de la petición de crédito.

Contrario a lo que algunos suponen, esta reforma busca que en Tlaxcala haya inversión pública de mayor impacto social para mejorar la calidad de vida de la población, a través de grandes proyectos de inversión que atiendan los rezagos y cubran las necesidades sociales.

La gobernadora, que también fue presidenta municipal, sabe bien que los municipios a menudo ven limitada su capacidad de inversión para impulsar obras básicas y acciones sociales, de ahí la importancia de la reforma para que los gobiernos locales tengan acceso a créditos, pero en condiciones de solvencia, sostenibilidad y fortaleza de sus finanzas, para evitar que la deuda se herede a administraciones posteriores.

El gran reto de Tlaxcala es beneficiar a los sectores de la población en pobreza extrema y a las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, por lo que la contratación de empréstitos puede representar una palanca de desarrollo si se gestiona de manera responsable y honesta.

En ese supuesto, si los gobiernos municipales aspiran a ejecutar proyectos de relevancia por esta vía, estarán obligados a hacer una programación del gasto más eficiente, ya que no sólo tendrían que planear mejor sus inversiones, sino garantizar también el cumplimiento de sus expectativas de recaudación propia para cumplir con sus obligaciones financieras, tal y como lo establece la ley.

Ciertamente, prevalece la idea de que la deuda es algo negativo, pero endeudarse no es malo cuando su objetivo es factible y existe capacidad de pago. El Banco Mundial, por ejemplo, de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, reconoce que la deuda puede ser una herramienta útil para financiar inversiones en infraestructura, capital humano y capacidad de adaptación al cambio climático, “si es transparente, se gestiona bien y se usa en el contexto de una política de crecimiento creíble”.

En ese sentido, la reforma a la Ley de Deuda ofrece a los gobiernos municipales la opción de adquirir recursos adicionales para que puedan servir mejor a los ciudadanos, pero atendiendo las previsiones en materia de disciplina financiera reguladas desde el ámbito federal, para evitar el ejercicio indebido y descontrolado de la deuda en perjuicio de sus finanzas.