El reciente informe del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) resultó muy revelador y puso el dedo en la llaga por el probable mal uso de recursos públicos.

Según el informe general, las cuentas públicas de los 106 entes fiscalizables tienen observaciones al no justificar el destino de 467 millones de pesos ejercidos en 2022.

En la revisión financiera, de obra y de desempeño, el ente auditor observó un probable daño patrimonial por mil 699 millones de pesos, pero de ese total, mil 228 millones de pesos fueron justificados o reintegrados; no obstante, hasta hoy no ha sido clarificada la aplicación de 467 millones de pesos.

Llama la atención que dependencias y paraestatales del gobierno que pregona el trillado “no mentir, no robar y no traicionar” no lograron justificar el destino de 137 millones de pesos que -revela el informe- se ocuparon en préstamos entre programas, pagos improcedentes y erogaciones que trataron de justificar con facturas de empresas “fantasma”.

La UPTx y el Fidecix, cuyos titulares en aquel tiempo fueron Enrique Padilla Sánchez y Humberto Macías Romero, son señalados de incurrir en un quebranto entre ambas por casi 27 millones de pesos, por lo que la cuenta pública sería automáticamente reprobada y, aunque ambos quedaron fuera de la administración, no están libres de pecado.

Hay otras 22 dependencias y paraestatales con observaciones, entre ellas SEPE, Cobat y Sesa, con Homero Meneses, Darwin Pérez y Rigoberto Zamudio a la cabeza, respectivamente; sin embargo, sus estados financieros serían aprobados porque el porcentaje observado está dentro del parámetro establecido para ser validadas.

¿Y el OFS?

En medio de las revisiones, habría que preguntarse quién fiscaliza al árbitro, toda vez que tanto el OFS como el Congreso del Estado siempre salen “limpios” y nunca se conoce que tengan observaciones por el presupuesto que manejan.

Eso sí, son los encargados de “crucificar” o “redimir” a los entes fiscalizables, ya sea por conveniencia política o acuerdo$ en los o$curito. En esta paradoja, resulta inverosímil el papel que tiene la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Marcela González Castillo, pues la Secretaría de Infraestructura, que tiene bajo su cargo su esposo, Alfonso Sánchez García, tuvo una observación por más de 20 millones de pesos. Sería bueno que Marcela González le pregunte al diputado priista, Fabricio Mena Rodríguez, cómo se opera políticamente, toda vez que la última cuenta pública de la gestión de su hermano, el exgobernador Marco Mena, salió limpia y fue aprobada sin tanto aspaviento, pese a las presuntas irregularidades que presentó, como otorgar ministraciones a municipios a destiempo al final de su administración, por solo citar un ejemplo.

Efecto “X”

A tres semanas de anunciar su postulación a la presidencia de México, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz ha movido el tablero político nacional y le puso el saborizante que todo proceso electoral necesita.

Y con su visita de ayer a Tlaxcala, la hidalguense no solo sacó del letargo a los panistas y demás opositores que se habían mantenido sumisos al actual gobierno morenista, sino que revivió a varios personajes que se pensaba habían desaparecido del mapa político.

Uno de ellos es Adolfo Escobar Jardínez, quien se desempeñó como presidente municipal de Tlaxcala de 2014 a 2016 y, ayer, abiertamente levantó la mano para buscar nuevamente ese cargo ante lo que ha llamado un desastroso papel de Morena, además de la probable postulación de perfiles con poco talante político, aunque el panista tendrá enfrente a la senadora Minerva Hernández Ramos, quien también ha mostrado su interés por gobernar la capital.

Colofón

Y ya que hablamos de panistas, hay que estar atentos al cumplimiento de indemnización que prometió el alcalde de Apetatitlán, Ángelo Gutiérrez Hernández, a la familia de la oficial Erika Morales Vázquez, caída en el cumplimiento de su deber la semana pasada, hecho que por donde quiera que se le vea, es una verdadera tragedia no solo porque no contaba con el debido equipamiento ni armamento, sino porque dejó a tres menores de edad en la orfandad.

La crisis policial en que se mantiene sumido el estado más seguro, o menos inseguro del país (depende el enfoque con el que se le vea), aumentó el pasado fin de semana con el presunto abuso sexual de mandos policiacos hacia la oficial Arely N.

Si bien la violación duele, causa indignación que el alcalde de Tlaltelulco, Marco Antonio Pluma Meléndez, no muestre empatía y se mantenga indiferente, en una clara actitud de defensa hacia los abusadores que hoy se encuentran prófugos.